Por Luis Felipe Rosa

Han sido numerosos los comentarios que he recibido sobre mi artículo del miércoles pasado publicado bajo el título “Una acoplamiento escolar por cada escuela o pensionado”, y debo confesar que desconocía que las juntas escolares están constitucional y reglamentariamente consagradas en la Ley Universal de Educación 66-97 y la Reglamento 02-2008.

Por una conducta aprendida durante la militancia revolucionaria debo aceptar autocríticamente que de guisa valeverguista escribí ese artículo sin la debida faena de investigación previa. Por lo menos debí consultar el ámbito constitucional que rige a la educación pública y al sistema educativo del país.

Puede adivinar: Una acoplamiento escolar por cada escuela o pensionado

Me fue de gran satisfacción enterarme de que las “juntas escolares” están consagradas como organismos descentralizados que tienen la responsabilidad de delegación, planificación, coordinación y supervisión de todo el quehacer educativo y eficaz a nivel regional, distrital y de centro escolar. ¡Feroz, excelente! Que eso esté establecido y que entre otras funciones tengan la responsabilidad de delegación de fortuna, la planificación educativa, promover la integración y billete de sus respectivas comunidades y sus entidades, coordinar con el director, el personal docente y burócrata, servidores y suplidores de posesiones y servicios, para apoyar el cumplimiento de los programas, proyectos y planes a ejecutar durante el año escolar. Adicionalmente, y esto me llena más de alegría, tienen la obligación de cuidar la transparencia en el manejo de los fortuna asignados, mediante los informes de dirección y rendición de cuentas al Profesión de Educación, a la comunidad educativa y a las gentes del zona donde opera el centro educativo.

Según la Ley y la Reglamentolas juntas escolares cuentan con una estructura que va desde el centro escolar al distrito y luego llega al nivel regional, una verdadera pirámide organizativa, para intervenir como una gran red que debe apoyar la coordinación y la descentralización educativa en todas las vertientes.

Dicho todo esto, la gran interrogante que se desprende del millón, son las siguientes: ¿Por qué esas “juntas escolares” no operan o son desconocidas o de existencia clandestina, prácticamente invisibles?, ¿Por qué no rinden cuentas y toleran la desorden, el descuido y maltrato de los planteles?, ¿Por qué no velan por el cumplimiento de los programas educativos y la disciplina en cada escuela?, ¿Por qué permiten el manejo sin control de los fortuna asignados a los planteles?

La ADP, que debería ser la abanderada de que las juntas escolares estén conformadas, que operen y cumplan con el rol que tienen asignado, debe objetar adyacente con el Profesión de Educación a esos razonables cuestionamientos, porque esos órganos son una representación del Estado y este país merece una mejor educación.