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Por Pablo Vicente
La Unión Central Electoral (JCE) anunció que, a partir del miércoles 27 de agosto, iniciará los trabajos para cobrar propuestas de aspirantes a integrar las 162 juntas electorales del país. Este proceso es fundamental, porque de la correcta conformación de estas juntas depende la confianza ciudadana en nuestro sistema electoral. Una selección transparente y rigurosa de sus miembros es secreto para avalar elecciones justas y acorazar la legalidad democrática.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23 regula la integración y funcionamiento de las juntas en sus artículos 39 a 46. Según el artículo 39, los aspirantes deben ser mayores de 25 abriles, contar con estudios de bachillerato, residir en el municipio por al menos tres abriles y divertirse de buena reputación. Por otra parte, al menos uno de los titulares debe ser abogado, garantizando así la competencia técnica necesaria para el correcto desempeño de sus funciones.
El artículo 42 establece incompatibilidades: nadie puede integrar la misma asamblea si tiene parentesco hasta segundo nivel con otros miembros, candidatos o delegados de partidos. Los suplentes asumen en caso de conflictos o ausencias, asegurando la continuidad institucional. Por su parte, el artículo 43 refuerza la transparencia al permitir que cualquier designación sea impugnada en un plazo de 10 días, con resolución de la JCE en audiencia pública. El artículo 44 inhabilita a quienes tengan condenas por delitos electorales, corrupción o falsificación.
El artículo 45 búsqueda avalar el compensación partidario, evitando que un solo partido controle la asamblea, mientras que el artículo 46 regula el rol de los suplentes para apuntalar la continuidad de la trámite. Sin secuestro, el efectivo desafío no es solo la convocatoria, sino que la JCE cumpla estrictamente con la ley. La historia electoral dominicana demuestra que cuando las juntas se conforman con criterios partidarios, la confianza ciudadana se erosiona y la legalidad del proceso se debilita.
Hoy más que nunca, la independencia, imparcialidad y competencia técnica deben pilotar esta selección. La ciudadanía todavía tiene un rol activo: postular, custodiar y exigir transparencia en cada etapa. Unas juntas electorales adecuadamente conformadas no solo organizan elecciones, sino que aseguran que cada voto cuente y fortalecen la democracia dominicana.
Es momento de recapacitar que cada intrepidez tomada en la conformación de las juntas tiene un impacto directo en la credibilidad del sistema electoral. Un proceso opaco o sesgado puede producir desconfianza, conflictos y cuestionamientos sobre los resultados de las elecciones. Por eso, la responsabilidad de la JCE y la décimo activa de la sociedad civil son insustituibles para avalar un proceso expedito y ajustado.
Por otra parte, este es un llamado a la sociedad a involucrarse más allá de la etapa de elecciones. La vigilancia ciudadana constante, la educación electoral y la exigencia de transparencia en todos los niveles fortalecen no solo la legalidad de los comicios, sino todavía la civilización democrática del país. La República Dominicana necesita juntas electorales que sean ejemplo de imparcialidad, ética y profesionalismo, porque de ellas depende la fortaleza de nuestra democracia.
El autor es abogado, magíster en derecho electoral y presidente de FUJUDEL, fujudel@gmail.com
