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Por: Pablo Vicente
La Acoplamiento Central Electoral (JCE) anunció que, a partir del miércoles 27 de agosto, iniciará los trabajos para aceptar propuestas de aspirantes a integrar las 162 juntas electorales del país. Este proceso es fundamental, porque de la correcta conformación de estas juntas depende la confianza ciudadana en nuestro sistema electoral. Una selección transparente y rigurosa de sus miembros es secreto para respaldar elecciones justas y proteger la legalidad democrática.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23 regula la integración y funcionamiento de las juntas en sus artículos 39 a 46. Según el artículo 39, los aspirantes deben ser mayores de 25 abriles, contar con estudios de bachillerato, residir en el municipio por al menos tres abriles y poseer de buena reputación. Adicionalmente, al menos uno de los titulares debe ser abogado, garantizando así la competencia técnica necesaria para el correcto desempeño de sus funciones.
El artículo 42 establece incompatibilidades: nadie puede integrar la misma sociedad si tiene parentesco hasta segundo nivel con otros miembros, candidatos o delegados de partidos. Los suplentes asumen en caso de conflictos o ausencias, asegurando la continuidad institucional. Por su parte, el artículo 43 refuerza la transparencia al permitir que cualquier designación sea impugnada en un plazo de 10 días, con resolución de la JCE en audiencia pública. El artículo 44 inhabilita a quienes tengan condenas por delitos electorales, corrupción o falsificación.
El artículo 45 examen respaldar el firmeza partidario, evitando que un solo partido controle la sociedad, mientras que el artículo 46 regula el rol de los suplentes para afianzar la continuidad de la dirección. Sin incautación, el seguro desafío no es solo la convocatoria, sino que la JCE cumpla estrictamente con la ley. La historia electoral dominicana demuestra que cuando las juntas se conforman con criterios partidarios, la confianza ciudadana se erosiona y la legalidad del proceso se debilita.
Hoy más que nunca, la independencia, imparcialidad y competencia técnica deben pilotar esta selección. La ciudadanía todavía tiene un rol activo: postular, custodiar y exigir transparencia en cada etapa. Unas juntas electorales admisiblemente conformadas no solo organizan elecciones, sino que aseguran que cada voto cuente y fortalecen la democracia dominicana.
Es momento de recapacitar que cada atrevimiento tomada en la conformación de las juntas tiene un impacto directo en la credibilidad del sistema electoral. Un proceso opaco o sesgado puede crear desconfianza, conflictos y cuestionamientos sobre los resultados de las elecciones. Por eso, la responsabilidad de la JCE y la billete activa de la sociedad civil son insustituibles para respaldar un proceso noble y cabal.
Adicionalmente, este es un llamado a la sociedad a involucrarse más allá de la etapa de elecciones. La vigilancia ciudadana constante, la educación electoral y la exigencia de transparencia en todos los niveles fortalecen no solo la legalidad de los comicios, sino todavía la civilización democrática del país. La República Dominicana necesita juntas electorales que sean ejemplo de imparcialidad, ética y profesionalismo, porque de ellas depende la fortaleza de nuestra democracia.
