El Servicio Divulgado puso en marcha lo que denominó «operación Lobo«, contra una presunta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Servicio Divulgado trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Doméstico para carear la red que afectó al Instituto Doméstico de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Doméstico de Sanidad (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Ártico (Edenorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

Las imputaciones

Asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, marcan los señalamientos del Servicio Divulgado (MP) contra las 10 personas y cuatro empresas en la denominada operación Lobo, con la que el víscera acusador desmanteló una pregunta red que «drenaba los fondos» del Estado.

Al momento en el cual se encuentra la investigación, el Servicio Divulgado, tiene identificado como investigados tanto personas físicas como jurídicas, Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Andrés Pacheco Varela.

Igualmente, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Wellington Peralta Santos,
Luis Ernesto Vicioso Papada, Ramón Quezada Ortiz, Carlos Ambrosio Robles Diaz, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, Elías Caamaño Pérez, Servicios Doméstico de Seguridad Integral SRL (SENASE), Razón Social Safeco Corredores y Consultores
de Seguros SRL, Razón Social El Inmaduro Prodigio EIRL, Razón Social Magesty Waste & Recycling Company SA, Razón Social Magesty Recycling SRL, Razón Social.

Contra ellos, el MP está solicitando prisón preventiva. Los encartados, 10 oficiales, activos y retirados, son señalados pertenecer a una supuesta red criminal que operaba desde el año 2012 (hasta enero de 2025) y que llegó a admitir en sobornos más de 108 millones de pesos en diferentes entidades estatales, según la solicitud de medida de coerción.