El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

En la República Dominicana, cada mes, miles de hogares viven la misma experiencia amarga: brindar la confección eléctrica de las EDEs con la gran incertidumbre y aprensión de no conocer qué sorpresa traerá esta vez.

No se prostitución ya de simples errores humanos, ni de fallas técnicas, lo que está ocurriendo es un cierto atraco institucionalizado, una praxis abusiva que se ha normalizado bajo la indiferencia —o complicidad— de quienes tienen la responsabilidad de regular y poner orden.

Las empresas distribuidoras han convertido la confección eléctrica en un espacio donde cerca de todo lo que a ellas les conviene: cargos inexplicables, aumentos arbitrarios y cobros que ningún ciudadano entiende ni puede demandar.

Es un cierto alcaldada de poder, legitimado por la incapacidad —o la errata de voluntad— de un gobierno que no muestra el más leve interés en poner orden en un sector que opera como si no tuviera ningún tipo de control ni regulación.

La concurrencia está desesperada, indefensa, no tiene a dónde presentarse, no tiene opciones alternativas, no tiene un sistema confiable que la proteja. Está atrapada en un monopolio que le exige satisfacer sin preguntar y aceptar sin protestar.

Es un deporte de poder sin control, donde al afortunado se le obliga a satisfacer lo que se le impone, sin explicación y sin derecho a cuestionarlo. ¿El resultado? Una población indefensa atrapada en una abusiva imposición que no ofrece alternativas ni vías efectivas para demandar honestidad.

La errata de supervisión, la desaparición de transparencia y la incapacidad para modificar un sistema eléctrico que hace abriles dejó de reponer a los intereses de la concurrencia han convertido esta situación en una política que, aunque no declarada oficialmente, resulta más que evidente: cargar sobre el pueblo el peso de la ineficiencia del sector eléctrico.

No podemos seguir aceptando que el ciudadano se someta a un sistema que no le explica, no le protege y no le respeta. Este atropello continuo es un asalto directo a la heredad común, pero incluso a la confianza en las instituciones.

Y frente a esta verdad, la sociedad dominicana no puede permanecer callada. Es hora de exigir responsabilidades, de demandar transparencia, y de poner fin a estos atropellos que vulneran la dignidad de cada hogar.

Desde el ámbito que nos competa, tenemos el deber de denunciar este maniquí que sangra silenciosamente al pueblo dominicano. Debemos exigir una reforma profunda, un régimen de regulación y supervisión vivo y un compromiso firme con la honestidad y la transparencia.

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