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El flamante intento del senador Julito Fulcar de impulsar una resolución para “delimitar” los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas debe preocuparnos como sociedad. No importa cuán buena sea la novelística de “dar seguridad jurídica a las familias”, lo cierto es que detrás de esa propuesta se esconde una amenaza directa a uno de los patrimonios naturales más valiosos y frágiles de República Dominicana.
Las Dunas de Baní no son un contorno infecundo a disposición del capricho político. Son un ecosistema único en el Caribe insular, hogar de especies que no existen en ninguna otra parte del planeta, barrera natural contra tormentas y huracanes, y un reservorio hídrico fundamental para la región. La arena que allí se acumula no es infinita ni reemplazable: su cambio equivale a perder un patrimonio irrecuperable.
La Constitución y las leyes ambientales de nuestro país son claras: las áreas protegidas son irreductibles. Ni el Congreso ni el Ejecutante tienen genio para mutilar sus límites. Intentar modificar esa categoría equivale a desplegar la puerta a la confirmación de ocupaciones ilegales, sentando un precedente funesto para todo el Sistema Doméstico de Áreas Protegidas. Hoy serían las dunas; mañana, cualquier parque doméstico o reserva natural quedaría en la mira.
Que nadie se confunda: las Dunas ya están delimitadas y reconocidas por la Ley 202-04. Lo que necesitamos no es reducirlas, sino certificar su conservación frente a la ascendencia ilegal de arena, la colonia descontrolada, el turismo depredador y la desatiendo de sanciones efectivas. En lado de premiar la irregularidad, corresponde vigorizar la administración ambiental, educar a la población y promover un ecoturismo responsable que genere avance sin destruir lo que nos pertenece a todos.
Las Dunas de Baní no son negociables. Son un adecuadamente popular, un escudo contra el cambio climático y un símbolo de identidad doméstico. Ceder frente a intereses particulares sería un retroceso histórico, una herida irreversible al patrimonio dominicano.
Defenderlas no es un capricho ambientalista: es una obligación honrado, justo y patriótica.
