Tras 12 primaveras aproximadamente de ser dirigidos como nunca ayer medios presupuestales con destino a la función educativa el peso de las evaluaciones de entes considerados independientes pero vinculados al sector van desde lo «deplorable» hasta lo «aceptable». Están quienes ven al sistema atrapado en una especie de utopía afectada por paralizaciones de docencia, incumplimientos de calendarios y una paciencia interminable por las transformaciones prometidas. Mientras el ministro coetáneo, Luis Miguel De Camps, defiende su hoja de ruta dirigida a contestar a «prioridades claras de la sociedad dominicana y basada en conseguir la alfabetización actual y la formación técnica articulada con el sector productivo».

Contra su optimismo, se acaba de escuchar la voz del catedrático Radhamés Mejía sosteniendo que: «Aunque cada año se anuncia con solemnidad un cronograma oficial, la existencia es que los días efectivos de clase se ven interrumpidos por paros, asuetos extendidos y actividades administrativas que desdibujan la continuidad del estudios». Mejía es Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Causa y Maestra de la que fue vicerrector por más de 35 primaveras y actualmente coordina la Comisión de Educación de la Institución de Ciencias.

En contraste, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, Ideice, que es un víscera sabido descentralizado, considera debidamente documentado que el analfabetismo en el país ha sido pequeño y que el porcentaje del 4% ha fortalecido la inversión educativa e impulsado la calidad del sistema pre-universitario a través de investigaciones y evaluaciones. Suele recordarse que al avance educativo del país se le atravesó al principio de una nueva etapa «el terrible» impacto de la pandemia de covid haciendo desmontar la calificación estudiantil e impulsando deserciones masivas. La educación a distancias e habría quedado demasiado corta o de considerable infuncionalidad en algunos casos.

El previo ministro de Educación, Arcángel Hernández, se despidió del cargo asegurando que el 4 % impulsa mejoras en la Educación y describió en marcha un fortalecimiento de la capacitación docente. Afirmó sobrevenir rematado que se duplicara la inversión en la formación docente y el fortalecimiento de la enseñanza en los primeros niveles de Primaria y en la Secundaria equipando los centros educativos con nuevas tecnologías.»Puedo asegurar que las bases que son necesarias para que el cambio en la educación se logre, están establecidas».

Eso no es lo que sostiene la entidad de la sociedad civil EDUCA (Energía Empresarial por la Educación) al pronunciase en el sentido de que: «la inversión del 4% del PBI en educación no ha mostrado resultados significativos y sería necesario un estudio profundo para determinar la eficiencia de esta inversión. Reconoció que si adecuadamente se registraba una restablecimiento en calificaciones del nivel sustancial, los resultados en el nivel medio se han mantenido sin cambios. Dijo dudar de la eficiencia al volver en la capacitación docente.

NO SE CONSOLIDA

A la idea de que la educación debe ser repensada en examen de su consolidación se sumó en su momento la ex-ministra de Educación Dra. Jacqueline Malagón: «En tiempos convulsos en los que el peligro se multiplica en cada punta de la vida cotidiana, repensar la educación es más que una tarea académica, es un acto de responsabilidad cívica y de visión de país». Al respecto, declaró su apoyo a un documento emitido por la «Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad» sobre la término 2014-2024 que a su pleito debería ser tomado de cojín para la autocrítica y las reformulaciones.

Malagón se refería al noticia que el año pasado emitió la entidad de monitoreo sobre el sistema escolar expresando que a su pleito, al 2024, los resultados del estudios todavía no mostraban avances estructurales. Sí reconocía los esfuerzos del Ocupación por ampliar la ofrecimiento de formaciones técnico-profesionales y de arte, diversificar los «itinerarios» formativos y mejorar la retención de ideas en los escolares.

En síntesis el noticia afirma que persistía el desafío del renuncia escolar en el nivel secundario, donde uno de cada 4 adolescentes de 15 a 17 primaveras no asiste a la escuela y más de un tercio de los jóvenes entre 20 y 24 primaveras no ha completado este nivel. Se apreció que las Pruebas Nacionales mantenían resultados similares a los del año previo con evidencias de avances, aunque limitados, en el sexto calidad de Primaria.

Los autores del estudio concluyeron su noticia reiterando un llamado a todos los actores del sistema educativo a doblar los esfuerzos por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. «Conquistar avances sostenibles exige una visión compartida, decisiones basadas en evidencia y políticas educativas que trasciendan los ciclos de gobierno».

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En concreto, la exministro Malagón sostuvo que: «Quienes hemos hecho de la educación un acto de fe, un compromiso de vida, sabemos que la transformación del sistema no vendrá desde decretos sino desde convicciones. Desde un Estado que respete y promueva la afición docente. No desde un gobierno que llame y no lo escuchen». Estimo que despolitizar el sistema no ha sido suficiente: debe darse la maña de repartir cargos técnicos en la cartera para enriquecer respaldos políticos y partidarios».

LAS DOSIS DE ADP

Sectores interesados en la estabilidad y mejoría del sistema educativo han opinado que si las autoridades no le ponen el cascabel al micifuz al acción directa agrupado que genera frecuentes interrupciones de docencia, la mejoría de la calidad de la enseñanza será siempre una tarea irresoluto y la Fundación Institucionalidad y Ecuanimidad (Finjus) propuso recientemente aplicar mecanismos legales y constitucionales que armonicen el derecho a huelga con el derecho a la educación.

«La educación no puede ser rehén de prácticas gremiales ni de concesiones que atenten contra su calidad». Enfatizó en la penuria de aplicar un régimen de consecuencias frente a la inestabilidad del sistema educativo en detrimento de los estudiantes. A desidia de ello persiste el criterio de que las autoridades de Educación han sido timoratas a la hora de aplicar las leyes que deben asegurar la docencia y el orden en las escuelas.

El temprano Diario Expedito ha criticado los paros docentes de forma consistente, reaccionando contras las huelgas que la Asociación Dominicana de Profesores emprende por razones que no son directamente educativas y que han sido calificadas en la opinión pública como abusos a la tranquilidad social con daños desproporcionados sobre el derecho a la educación. El gaceta Listín Diario ha residuos en editoriales y disección, críticas a los afiliados a la ADP por su décimo en protestas y paros en horas de docencia a los que atribuyó los bajos resultados en el estudios.

Este diario HOY ha calificado las huelgas de maestros de «tragedia doméstico» que afecta el derecho a la educación y a los estudiantes más vulnerables por tratarse de una lucha agrupado que solo afecta a los planteles del sector sabido a los que van a detener exclusivamente estudiantes de la clase más escueto y del nivel bajo de la clase media. Otro medio importante calculó que los paros magisteriales le costaron al fisco a noviembre del año pasado RD$760 millones.

DINERO PERDIDO

Manejos irregulares y dolosos han causado abrasión a la disponibilidad de medios provenientes del 4% del PBI para el sector educativo con informes oficiales sobre los programas de mantenimiento de locales escolares durante varios periodos gubernamentales y específicamente entre 2022-2024 tras establecer un adeudamiento acumulado de RD$4,588 millones. El previo ministro, Arcángel Hernández, se refirió en su momento a las «anomalías» solicitando una investigación al Ocupación Manifiesto que nunca se llevó a límite.

Un documento que salió a la luz pública informó, con desglose un registro de desembolsos por año que constituyeron violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones encasillándolas en deudas de diligencia de la Dirección Militar de Mantenimiento de infraestructuras escolares. Reportaba transferencias de miles de millones de pesos sin claridad de motivos ni destinos con destino a otras áreas de la Establecimiento Pública. Las conclusiones de auditorías que no movieron a la obra pública hablaba de un manejo irregular e histórico de más de diez mil millones de pesos.

Los manejos irregulares o que podrían ser penados por la ley de medios especializados para la enseñanza en el país generan limitaciones económicas al sistema con inequidad en el llegada a solvencia de distintas áreas del sistema; disminuye la capacidad de crear nuevas infraestructuras y darles mantenimiento lo que a pleito de las propias autoridades de la cartera impide que muchos jóvenes se integren a la educación media y a otros niveles.