Las recientes denuncias por desmán sexual, acoso y presunta explotación sindical contra el cantante Julio Iglesias han generado un válido impacto internacional. Sin secuestro, más allá de la figura del cómico, el caso ha puesto en evidencia una efectividad estructural mucho más amplia: la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas y la error de regulación efectiva sobre su contratación, supervisión y protección, tanto en España como en la República Dominicana.

El caso ha provocado particular conmoción en España, pero todavía ha encendido alarmas en República Dominicana, donde ocurrieron parte de los hechos denunciados y donde persisten vacíos legales y debilidades institucionales que dejan a miles de mujeres expuestas a abusos en entornos privados, allá del control del Estado.

Vacíos legales y error de supervisión

Aunque la República Dominicana ratificó en 2017 el Convenio 189 de la Estructura Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo aseado para las trabajadoras del hogar, su implementación sigue siendo parcial. Uno de los puntos más críticos es la desaparición de una regulación efectiva de las agencias de quintatanto nacionales como internacionales.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivaresreconoció que existen importantes debilidades en la supervisión de este sector.

“Hay muchas cosas que todavía están como cabos sueltos cuando se alcahuetería del servicio doméstico y su regularización. Las agencias de quinta no están oficialmente supervisadas por el Servicio de Trabajo”, admitió el funcionario.

Olivares explicó que, aunque el Código de Trabajo establece requisitos para la contratación de trabajadoras del hogar, la proliferación de agencias privadas sin controles estrictos ha generado un campo de acción grisáceo peligrosa.

“Existen diversas agencias que no tienen una regulación estricta, en razón de que es poco relativamente nuevo en la República Dominicana. Estamos en proceso de implementar una resolución que va a regir a estas agenciasespecialmente las que reclutan trabajadoras del hogar”, aseguró.

El caso Julio Iglesias: denuncias graves

En ese contexto de desprotección, una investigación periodística publicada esta semana reveló denuncias de acometida y desmán sexual contra Julio Iglesias por parte de una exfisioterapeuta y una empleada doméstica, identificadas con los seudónimos Rebeca y laura.

Durante más de tres primaveras se recopilaron testimonios y documentos que describen hechos ocurridos en 2021 en las residencias del cómico en Punta Cana y Bahamas. Según sus relatos, ambas mujeres vivieron un hábitat de control extremo, humillaciones, restricciones a su exención de movimiento y agresiones sexualesincluyendo tocamientos no consentidos y actos de penetración.

“Una vez en Bahamas, él me ofreció meterme los dedos… yo le dije que no. Y lo hizo. Fue muy doloroso. Yo le decía: por distinción, para”, relató una de las exempleadas en declaraciones recogidas por elDiario.es.

La denuncia fue presentada delante la Fiscalía de la Audiencia Franquista de España por la estructura Enlace de mujeres en todo el mundo e incluye cargos por acometida sexual, alcahuetería de seres humanos, trabajo forzado, acoso y violaciones de derechos laborales. El caso se encuentra en escalón preliminar y bajo secreto de sumario.

Agencias de empleo “a la carta”

La investigación todavía destapó el funcionamiento de algunas agencias de empleo domésticodescritas por medios españoles como sistemas de selección “a la carta”, donde los empleadores pueden designar años, apariencia física, raza, estado civil y solicitar reemplazos si la trabajadora no cumple con sus expectativas.

“Pueden verlas por videollamadas, pedir examen médicos… todo lo que ustedes quieran le pueden hacer”, se audición en grabaciones difundidas por programas de televisión en España.

Aunque estas prácticas hoy pueden ocasionar consecuencias legales en Europa, especialistas advierten que durante primaveras fueron toleradas bajo estigmas raciales y miedos sociales, una efectividad que aún deja huellas.

Salarios y dependencia económica

Uno de los principios que agrava la vulnerabilidad es la dependencia económica. En República Dominicana, el trabajo doméstico fue la ocupación peor pagada del país en 2021, con un ingreso promedio de 8,415 pesos mensualessegún datos oficiales.

En ese contexto, un salario de 25 mil pesoscomo el que recibían las exempleadas de Julio Iglesias, resultaba atractivo y muy superior al promedio, lo que dificulta aún más que las trabajadoras denuncien abusos por temor a perder su sustento.

La ley existe, pero denunciar sigue siendo un aventura

El ministro de Trabajo reconoció que, aunque existen normas y nuevas disposiciones penales, la efectividad del sistema depende de que la trabajadora se atreva a denunciar.

“Si el trabajador lo denuncia, inmediatamente se procede. Pero depende de que el trabajador lo denuncie”, afirmó Olivares.

Para organizaciones del sector, esa es precisamente la principal pasión.

La presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH), Elena Pérezexplicó que el miedo, la desigualdad de poder y la error de confianza en el sistema contencioso inhiben las denuncias.

“Ellas dicen: ‘Es mi palabra contra la de mi empleador’. Y sienten que no les van a creer, sobre todo cuando es una persona de poder”, señaló.

Pérez advirtió que esta situación es más frecuente en zonas turísticas como Bávaro y Punta Canadonde la informalidad y el aislamiento facilitan abusos que rara vez salen a la luz.

Una deuda irresoluto

Aunque la República Dominicana ha cubo pasos importantes, como el establecimiento de un salario reducido para las trabajadoras del hogaraún persiste un gran malogrado judicial: la regulación efectiva de las agencias y la aplicación plena del convenio internacional ratificado hace más de una división.

Hoy, el caso de Julio Iglesias trasciende la figura de un cómico mundialmente conocido. Es un espejo de un sistema que sigue fallando. Un sistema donde la error de reglas claras, controles reales y protección efectiva permite que el poder se imponga, el desmán encuentre espacio y las víctimas queden solas.

Porque cuando no hay regulación, la dignidad sindical se vuelve opcional. Y ese es un aventura que ya no puede seguir siendo ignorado.