Acaba de publicarse el documentación “Radiografía de la Seguridad Social”, que aborda los resultados económicos y el costo social de las administradoras de fondos de pensiones en República Dominicana.

En esta y las siguientes columnas abordaremos los hallazgos y sus serias implicaciones para la sociedad y las políticas públicas, sobre lo cual adelantamos aquí algunos fundamentos sobre un panorama, a todas luces, crítico.

Los hechos son, otra vez, incontestables, con los datos oficiales que emite la Superintendencia de Pensiones. En 2025, otra vez, las AFP volvieron a tener ganancias en aumento, por encima de los RD$5,000 millones, incluso por encima del crecimiento crematístico del país. Asimismo, las AFP, una vez más, obtienen rentabilidad económica y financiera récord, muy por encima de los bancos, con un negocio en el que administran fortunas sin prácticamente poner una arnés ni realizar una sola actividad que genere valencia.

Con esto queda demostrado lo que se dijo desde 2019 cuando se planteó un nuevo esquema de comisiones en el cual las AFP cobran por el fondo administrado, lo cual quedó finalmente estampado en la Ley 13-20. Con un fondo que crece cada año con las cotizaciones de las personas y sus empleadores, las AFP dejaron de estar expuestas a los vaivenes del mercado -que preocuparían desde el más ilustre patrón al más humilde colmadero- y quedaron con un abrigo para tener ingresos y ganancias crecientes, pase lo que pase en el país y en el mundo.

Poco más lumbre poderosamente la atención: asimismo crecieron los gastos operativos y generales, quedando muy por encima de las ganancias. ¿Qué puede explicar que las AFP necesiten más de RD$7,000 millones para funcionar en un año, fortuna puesto por todos los dominicanos? ¿Quién supervisa y fiscaliza la fiabilidad de estos datos y que no sean una beneficio ajuste o tácticas contables para humillar impuestos?

En este marco, las AFP ratifican el maniquí de negocios que sostiene sus altas ganancias: allí de cumplir, la ley que dispone priorizar las inversiones en actividades que dinamicen la posesiones y generen empleo, las AFP tienen las fichas puestas en la industria de la deuda estatal y el endeudamiento cuasi fiscal, donde ponen el fortuna de los cotizantes y estos mismos pagan haber e intereses con sus impuestos.

Todavía lo hacen en la industria de apalancar proyectos privados a discreción, o en el salvataje de empresas para que paguen sus deudas a los mismos grupos financieros, con los fondos de pensiones como cajero inconsciente aunque luego el valencia de estas inversiones se venga debajo. En esto, el caso de la empresa AOCISA o César Iglesias es ejemplo paradigmático.

Mientras todo esto sucede, los estudio que la SIPEN pidió al Sotabanco Mundial en 2025 ratificaron lo que todos saben desde hace más de una división: las “pensiones” de las AFP en promedio no superarán el 30 % del ingreso sindical de los cotizantes, y una gran parte de estos nunca cumplirán los requisitos que la ley impone para esa mísera pensión, perjudicando al trabajador y asegurando el éxito del administrador, en una “ley del embudo” perfecta.