La Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) puso a disposición de las instituciones del Estado la Orientador para la Prevención y Detección de Colusión, una aparejo que contribuirá a la identificación temprana de esta maña anticompetitiva que deja considerables pérdidas al Estado.

Se estima que las pérdidas por colusión en las contrataciones públicas representan entre 2 % y 4 % del producto interno bruto (PIB) en el mundo, lo que en el caso dominicano podría traducirse en unos 2,500 y 5,000 millones de dólares, una monograma cercana al presente deuda fiscal del país. Es por esto que hacer frente a esta conducta tiene un impacto significativo en las finanzas públicas, afirmó el asesor en Comercio del Cárcel Interamericano de Incremento (BID), Mario Umaña.

“Este tema le ofrece una oportunidad enorme a la República Dominicana y a todos los países de América Latina. La República Dominicana ha venido haciendo un esfuerzo enorme en los últimos primaveras para compendiar su deuda fiscal, pero si pudiéramos compendiar en poco esas pérdidas por colusión, podríamos disminuir casi a la parte el deuda fiscal presente”, explicó Umaña.

Asimismo, el habituado sénior de la División de Competencia de la Estructura para la Cooperación y el Incremento Económicos (OCDE), Paulo Burnier, indicó que en América Latina las compras públicas representan rodeando del 25 % del pago divulgado, por lo que cualquier distorsión en estos procesos tiene un impacto significativo en los fondos públicos y en la capacidad del Estado de implementar políticas públicas.

La presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, subrayó que las compras públicas representan una de las áreas más sensibles y estratégicas de la agencia del Estado y destacó que la Orientador para la Prevención y Detección de Colusión es un aporte significativo para fomentar la competencia en estos procesos.

“Esta rumbo es el resultado de un trabajo colaborativo que refleja nuestro compromiso con la integridad del pago divulgado y con la construcción de una civilización de cumplimiento, donde la ética, la transparencia y la competencia se conviertan en la norma, no en la excepción”, expresó.

La Orientador para la Prevención y Detección de Colusión contiene herramientas para identificar patrones de décimo entre los oferentes en los procesos, hacer disección de precios, conductas sospechosas y otros aspectos que podrían alertar sobre posibles prácticas anticompetitivas que podrían afectar a otros competidores en el mercado.

“Esta rumbo tiene un propósito muy claro: convertirse en el coligado diario de cada funcionario que interviene en un proceso de compras públicas”, destacó el director de Promoción y Derecho de la Competencia, José Beltré Cuevas, al presentar el instructivo.

Avances

Vásquez Taveras valoró los avances que se han legado en el país para preparar prácticas como la colusión, destacando el rol que han asumido entidades como la Dirección Genérico de Ética e Integridad Gubernativo (DIGEIG), que ha sido un socio táctico de Pro-Competencia en la tarea de capacitar, sensibilizar y proteger las capacidades de los servidores públicos en materia de ética, integridad y prevención de esta maña.

“Gracias a esa alianza, cientos de funcionarios han recibido formación para detectar señales de prácticas anticompetitivas en los procesos de contratación, convirtiéndose en verdaderos guardianes de la competencia en sus instituciones. La colaboración entre ProCompetencia y la DIGEIG demuestra que los grandes retos del Estado solo pueden enfrentarse mediante la articulación interinstitucional”, enfatizó.

La directora jurídica de la DIGEIG, Delta Paniagua, indicó que esta alianza estratégica ha generado resultados concretos y medibles en el fortalecimiento de la integridad en las compras públicas. Entre los principales logros destacó la capacitación de unos 800 funcionarios para identificar señales de alerta, patrones sospechosos y comportamientos que pueden indicar patrones de colusión en las licitaciones públicas.

Sobre la rumbo, consideró que esta servirá como aparejo de consulta permanente para reanimar las capacidades del sistema de compras públicas y asegurar la décimo equitativa de todos los proveedores.

Inicio de la Semana de la Competencia

La etapa inaugural de la tercera Semana de la Competencia contó con la décimo de expertos nacionales e internacionales, quienes en sus intervenciones coincidieron en que es necesario proteger la capacidad de los países para preparar prácticas anticompetitivas en los procesos de compras públicas conveniente a los existencias negativos que estas generan sobre los fortuna del Estado y, en consecuencia, sobre el bienestar de la población.

En el panel: “Transparencia, compras públicas y competencia: una sinergia necesaria”, en el que participaron el asesor en Comercio del BID; la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia; Rolando Díaz, miembro del Directorio de la Comisión Doméstico de la Competencia de Paraguay; Juan Luis Crucelegui, exjefe de los Servicios jurídicos y de la Público Técnica en Políticas de Competencia y de Protección del Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Incremento (UNCTAD); y Alejandro Ibarra, investigador del Centro de Derecho de la Competencia de la George Washington University, se profundizó en la importancia de proteger la transparencia en los procesos de contratación pública y en las estrategias para preparar conductas que distorsionan la competencia.