@abrilpenaabreu

Durante 2025, más de un centenar de personas murieron en la República Dominicana en supuestos “intercambios de disparos” con la Policía Doméstico. La guarismo, por sí sola, debió favor provocado una revisión profunda de los protocolos, una fiscalización estricta del uso de la fuerza y resultados judiciales visibles. Nadie de eso ocurrió con la claridad que exige un Estado de derecho.

Allí de tratarse de un problema superado, el inicio de 2026 confirma que la maña continúa. En casi nada 27 días del mes de enero, al menos dos personas han muerto en operativos policiales presentados nuevamente bajo la novelística del intercambio de disparos. Puede parecer un número último si se compara con el acumulado anual, pero es lícitamente lo contrario: es una señal temprana de continuidad, una muestra de que el patrón persiste.

Esto ocurre a pesar de la reiterada promesa de reforma policial. Una reforma anunciada, defendida y comunicada, pero que todavía no se refleja en el ámbito donde más importa: el uso de la fuerza ofensivo. Y aunque sería ingenuo —e injusto— exigir resultados inmediatos, igualmente lo sería ignorar que la razonamiento represiva sigue operando.

No se desmonta en pocos primaveras una policía formada durante décadas bajo una civilización de confrontación heredada del autoritarismo, una institución moldeada durante el trujillato y perfeccionada en contextos donde la obediencia valía más que la licitud. Cambiar esa matriz requiere tiempo, sí, pero igualmente atrevimiento política, controles reales y consecuencias visibles. Sin eso, la reforma corre el aventura de quedarse en discurso.

El problema no es solo cuántos mueren, sino qué ocurre a posteriori. No existe información pública suficiente que permita memorizar cuántos agentes involucrados en muertes durante “intercambios” han enfrentado procesos judiciales, cuántos han sido sancionados o cuántos casos han llegado a sentencia. La desliz de rendición de cuentas convierte cada nuevo caso en una repetición anunciada.

Preocupa, adicionalmente, la complacencia social. Parte de la ciudadanía celebra estas muertes bajo la premisa de que “poco habrán hecho”. Ese aplauso es peligroso. Cuando la ley deja de importar porque el resultado parece conveniente, todos quedamos desprotegidos. Los errores existen, y la historia fresco lo demuestra: inocentes confundidos con delincuentes, civiles alcanzados por balas estatales, familias enteras marcadas por operativos mal ejecutados.

El Defensor del Pueblo ha experto que el uso reiterado de la fuerza ofensivo sin controles estrictos erosiona la democracia. El exprocurador Francisco Domínguez Brito ha alertado sobre el damnificación institucional que supone regularizar estas muertes. Organizaciones de derechos humanos han insistido en que la impunidad es el caldo de cultivo de las ejecuciones extrajudiciales. No son voces aisladas ni exageradas; son advertencias serias.

La seguridad no se construye matando, sino respetando la ley incluso cuando resulta incómodo hacerlo. Investigar a la Policía no la debilita; la legitima. Sancionar abusos no genera caos; evita que el extralimitación se convierta en norma.

Si en menos de un mes ya se repite el mismo guion, el mensaje es claro: la violencia institucional no ha sido desmontada. Y mientras la ley siga llegando tarde —o no llegue— a posteriori del disparo, la reforma seguirá siendo una promesa y la razón, una deuda.

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