El Estado de derecho es un orden político regido por un sistema de leyes e instituciones que se organizan de acuerdo con las disposiciones de una constitución, a fin de respaldar las libertades políticas, empresariales y derechos fundamentales de los ciudadanos para evitar los abusos de autoridades.

De este modo, el Estado de derecho es característico de las sociedades democráticas, en la que los ciudadanos, civiles, militares, legisladores y empresarios, están sujetos por igual a las normas que establecen las leyes vigentes.

En un Estado de derecho, se fijan límites a la capacidad de bono de los órganos de gobierno y se establecen reglas que organizan la vida social y política de los ciudadanos sobre la colchoneta de la igualdad de derechos, al contrario de lo que sucede en sociedades más cerradas.

De ahí que revisando la resolución 027-2025 del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones (Indotel), no hay dudas de que el propietario original de esa frecuencia era Francis A. Selman Hasbún, la transfirió a valía de la sociedad comercial Catorce TV, srl, representada por la sociedad Franasyl srl.

Esta resolución tiene momento del 13 de marzo de 2025, y en su artículo segundo dispone sobreseer, por las razones indicadas, la valor definitiva del arbitrio de reconsideración interpuesto por la sociedad Corporación de TV y Microonda Rafas, s.a., contra las resoluciones precedentemente indicadas.

A posteriori de esto cualquier argumento contrario a esta resolución no es más que espuma sobre poco chocolate, o intento de ingresar frente a la opinión pública situaciones perdidas en el aspecto constitucional. Esos son intentos válidos, pero que quienes conocemos de comunicación sabemos que al final no surtirá los existencias deseados.

La campaña esta bonita y cargada de promesas, pero el Estado a través del Indotel y los tribunales judiciales tiene la responsabilidad de respaldar y proteger la inversión privada en el sector de los medios de comunicación, porque ahí comienza la colchoneta para respaldar la franqueza de expresión en República Dominicana.