En un sistema procesal como el dominicano, los fiscales son cuarto esencia para la investigación y persecución del delito. Sin confiscación, su verdad sindical evidencia retos importantes: altas cargas de trabajo, salarios desiguales y condiciones que muchas veces no reflejan la magnitud de sus responsabilidades.

El Empleo Divulgado cuenta con 1,100 fiscalessegún los últimos datos oficiales ofrecidos por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom). Su coordinador ejecutor, Francisco Rodríguez, advierte que la cantidad es insuficiente para atender las demandas de la sociedad.

“Está faltando verdaderamente una cantidad aproximada de más de un 50 por ciento de lo que tenemos”, expresa el magistrado. De acuerdo con Rodríguez, una de las causas de este pasivo son las renuncias, sobre todo de aquellos con menos tiempo de adiestramiento.

Dice que los fiscales más jóvenes renuncian porque el sistema no les satisfacepues observan que no hay perspectiva a futuro para ellos al final de su vida sindical, y que la institución no les da una respuesta a sus situaciones personales.

La carga de trabajo

Aunque no existen estadísticas claras sobre la cantidad de casos que maneja un fiscal de forma simultánea, diversas fuentes interiormente del sistema reconocen que el bombeo de expedientes es detención y creciente, en exclusivo en unidades especializadas como la de persecución de la corrupción.

Esto ha generado preocupación en cuanto a la sostenibilidad del ritmo de trabajoel desgaste emocional de los fiscales y el impacto de estos factores en la eficiencia del proceso procesal.

Rodríguez estima que los fiscales litigantes suelen manejar entre 20 y 25 conveniente distintos o casos judiciales de envergadura.

“Está faltando verdaderamente una cantidad aproximada de más de un 50 por ciento de (fiscales) de los que tenemos”Francisco RodríguezCoordinador Ejecutante de Fiscaldom“

Fiscales consultados por Diario Vacante de modo anónima aseguran que pueden tener a cargo hasta 150 expedientes distintos en un mes. “En Violencia de Existenciasen San Cristóbal, un fiscal de turno puede manejar un imperceptible de 25 casos diarios”, precisa una fuente.

Dada la naturaleza de sus funciones, la seguridad personal de los fiscales es un tema central. La norma les garantiza protecciónincluyendo la provisión de armas cortas y, en casos específicos, personal de custodia.

Sin confiscación, en los últimos abriles han surgido a la luz denuncias sobre fiscales amenazados por el narcotráfico, vinculados a casos de corrupción y al crimen organizadolo que evidencia la aprieto de robustecer aún más estos mecanismos de protección.

¿Cuánto apetencia un fiscal?

El salario de los fiscales en el país varía según el rango y el tiempo de servicio. Un fiscalizador recién ingresado puede devengar rodeando de 90,000 pesos mensuales, mientras que un procurador fiscal titular puede alcanzar hasta 150,000 pesos.

A pesar de los incrementos salariales registrados en abriles recientes, muchos consideran que las remuneraciones aún son bajas frente al nivel de responsabilidad, los horarios exigentes y el aventura inherente al cargo.

La Ley 78-03 que rige al Empleo Divulgado garantiza diversos beneficios para los fiscales. Estos incluyen: inamovilidad en el cargo, ascensos por méritos, derecho a portar un armamento de fuego, seguridad personal y deudo, exoneraciones para vehículos, placas y pasaportes oficiales, golpe a planes de vivienda, seguro de lozanía y de vida, y un bono navideño equivalente a un salario mensual.

Por otra parte, en el 2022 se firmó un acuerdo con el Parcialidad de Reservas que permite a los fiscales y demás empleados del Empleo Divulgado entrar a préstamos preferenciales para adquisición de viviendas y vehículos.

Sin confiscación, uno de los reclamos más recurrentes de los fiscales es la marcada brecha salarial que existe en comparación con los jueces.

Mientras estos pueden obtener entre 125,000 y 289,843 pesos mensuales, los fiscales tienen un tope de 150,000 pesosa pesar de que la ley establece que ambas funciones deberían ser remuneradas en condiciones equivalentes. Este desfase ha sido criticado por gremios del sector jurisprudencia y organismos de la sociedad civil.