@abrilpenaabreu

En tan pronto como 60 días del año, 418 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en República Dominicana. Marzo tan pronto como comienza y la emblema ya refleja una ingenuidad que el país lleva demasiado tiempo arrastrando: nuestras carreteras continúan siendo uno de los lugares más peligrosos para morar.

Detrás de cada número hay historias humanas. Familias que pierden a un padre, una origen o un hijo; hogares que quedan marcados para siempre por una tragedia que, en muchos casos, pudo haberse evitado.

El problema no es nuevo, siquiera es un intriga, durante primaveras se han anunciado planes de seguridad viario, operativos especiales y campañas de concienciación, pero los resultados siguen siendo limitados. La imprudencia al volante, el irrespeto a las normas de tránsito y la débil fiscalización continúan formando parte de la rutina diaria en calles y carreteras del país.

Sin confiscación, estrechar la crisis solamente a un problema de comportamiento ciudadano sería una simplificación peligrosa, igualmente existe una responsabilidad institucional.

La ley contempla mecanismos que deberían blindar la investigación de los accidentes de tránsito, incluyendo la creación de unidades técnicas especializadas para analizar siniestros viales. Estos levantamientos son fundamentales para determinar responsabilidades y avalar que los procesos judiciales puedan aplicar las sanciones correspondientes.

En la habilidad, esas herramientas no siempre están disponibles ni funcionan con la validez que exige la magnitud del problema.

Pero incluso si la ley se aplicara con todo su rigor, existe otro obstáculo que el país debe discutir con seriedad: el entorno legítimo dominicano en materia de tránsito sigue siendo excesivamente escéptico.

Las penas por causar la asesinato en un suerte de tránsito continúan siendo relativamente bajas, incluso en circunstancias agravantes. Casos en los que se comprueba el consumo de licor o drogas al momento de conducir —situaciones que en muchos países implican sanciones severas— pueden terminar en condenas limitadas que difícilmente generan un sorpresa disuasivo verdadero.

Esta combinación de fiscalización débil y sanciones moderadas termina enviando un mensaje peligroso: que violar las normas de tránsito rara vez tiene consecuencias proporcionales al daño causado.

A esto se suma la partida de una verdadera civilización de seguridad viario, en República Dominicana todavía es frecuente ver vehículos que ignoran semáforos, motocicletas que circulan sin casco, conductores que exceden los límites de velocidad o utilizan el teléfono mientras manejan. Son conductas que, acumuladas, terminan convirtiendo la movilidad diaria en un aventura permanente.

La situación adquiere encima una dimensión adicional cuando entre las víctimas aparecen visitantes extranjeros. No porque sus vidas valgan más que las de los dominicanos, sino porque un país que aspira a consolidarse como destino turístico de primer nivel necesita avalar condiciones mínimas de seguridad en sus vías.

Las cifras actuales deberían servir como una señal de alerta, la seguridad viario no puede seguir tratándose como un problema secundario ni como un asunto que se aborda solamente en fechas específicas o durante operativos temporales.

Requiere instituciones capaces de fiscalizar, investigaciones técnicas sólidas, sanciones efectivas y una educación viario sostenida en el tiempo.

Mientras esos nociones no funcionen de guisa integral —y mientras la código no refleje la peligro de las consecuencias que provocan estas conductas— las estadísticas seguirán repitiéndose cada año y el país seguirá lamentando tragedias que, en muchos casos, pudieron haberse evitado.

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