@abrilpenabreu

La advertencia hecha por Milton Ray Guevara próximo al Instituto Duartiano, no puede ser tomada a la ligera. Cuando voces con autoridad jurídica y recatado alertan sobre posibles componendas para revisar la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2014, el país tiene la obligación de escuchar, reflexionar y, sobre todo, mantenerse vigilante.

No se negociación de un debate ideológico ni de una confrontación retórica con la comunidad internacional. Se negociación de un principio ligero del Estado de derecho: una ilegalidad no puede parir una licitud.

En los abriles noventa, República Dominicana “aceptó” la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin retención, ese acto nunca cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente. No pasó por el Congreso Doméstico, como exige nuestra Carta Magna. Esa omisión no es un detalle último ni un tecnicismo judicial: es una violación sustancial al orden constitucional.

Por esa razón, en 2014, el Tribunal Constitucional fue categórico al decidir inválida dicha saludo. No fue una atrevimiento política ni coyuntural; fue una sentencia fundada en derecho, que reafirmó un principio fundamental de soberanía: ningún compromiso internacional puede imponerse por encima de la Constitución.

El conflicto de fondo no es judicial, sino político y existencial. La Corte Interamericana ha insistido, una y otra vez, en establecer criterios sobre quién es o no dominicano, desconociendo el jus sanguinis y desatendiendo por completo la ingenuidad histórica y geográfica del país. Una ingenuidad marcada por el hecho incuestionable de que compartimos una isla, una frontera frágil y una historia de independencia frente a Haití.

Pretender que la patria dominicana se interprete desde esquemas abstractos, ajenos a nuestra ingenuidad, no es defensa de derechos humanos: es desconocimiento de la soberanía. Ningún Estado serio permite que una instancia externa redefina su concepto de ciudadanía sin desgastar su propio fundamento como nación.

Por eso resulta intranquilizante que hoy se hable —abiertamente o en voz pérdida— de revisar la sentencia del 2014. No estamos delante un simple ajuste judicial ni delante un cara diplomático. Estamos delante la posibilidad de reabrir una puerta que el país cerró legítimamente para proteger su orden constitucional.

El pueblo dominicano está alerta. Y debe estarlo. Porque la soberanía no se defiende solo con discursos, sino con vigilancia activa frente a cualquier desatino que ponga en peligro la dominicanidad. Revisar esa sentencia bajo presión externa sería remitir un mensaje peligroso: que la Constitución es negociable y que la patria puede relativizarse.

República Dominicana no es enemiga de los derechos humanos. Pero los derechos humanos no pueden convertirse en un aparato para pincharse la soberanía desde fuera ni para imponer narrativas que ignoran nuestra historia, nuestras fronteras y nuestra autodeterminación.

Aquí la radio es clara y no admite ambigüedades: sin Congreso no hay validez, sin Constitución no hay legalidad y sin soberanía no hay República Dominicana.

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