El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR CARLOS SALCEDO

La tensión entre el principio de inmunidad departamental de los Estados y el derecho de acercamiento a la jurisprudencia de los trabajadores locales que prestan servicios en embajadas extranjeras plantea uno de los dilemas más complejos del derecho contemporáneo.

En el contexto dominicano, esta problemática ha adquirido específico relevancia a partir de las controversias surgidas por demandas laborales incoadas contra legaciones diplomáticas acreditadas en el país, y el debate sobre si los tribunales nacionales pueden conocer de tales litigios.

Un caso recientemente decidido por la Suprema Corte de Probidad de una empleada dominicana vs. Embajada de los Estados Unidos de América ha reavivado la discusión sobre los límites de la inmunidad y la supremacía de los derechos fundamentales.

I. El entorno constitucional y la función departamental

La Constitución dominicana consagra un maniquí de Estado social y tolerante de derecho (arts. 7 y 8), cuya función esencial es la protección efectiva de los derechos de las personas. Internamente de esa estructura, el artículo 69 garantiza el derecho a la tutela contencioso efectiva, el conveniente proceso y el acercamiento a la jurisprudencia en condiciones de igualdad.

Tales principios, como ha obligado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-16/99), implican que todo justiciable debe poder defender sus derechos de modo efectiva delante una poder competente e imparcial.

La función departamental, según Del Castillo, Pellerano y Herrera, es una de las actividades públicas más fundamentales del Estado de derecho, pues “no hay derecho sin poder, ni Estado de derecho sin independencia contencioso”.

De ahí que el principio del mediador natural, consagrado en el artículo 69.7 de la Constitución, se erige en una fianza sustantiva frente a cualquier intento de desplazar arbitrariamente la competencia contencioso que la ley ha predeterminado.

II. La inmunidad departamental de los Estados y sus límites

La inmunidad departamental, derivada del derecho internacional consuetudinario y codificada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, protege a los Estados extranjeros y a sus agentes de ser sometidos a los tribunales de otro Estado por actos realizados en el prueba de funciones soberanas.

Sin requisa, la transformación de la maña internacional ha llevado a una concepción restringida de dicha inmunidad, distinguiendo entre actos por derecho del gobierno (de soberanía) y actos certificar diligencia (de diligencia o naturaleza privada).

En el ámbito sindical, la doctrina y la derecho comparada coinciden en que los contratos de trabajo celebrados por embajadas con personal tópico constituyen actos de diligencia. Luego, no deberían copular de inmunidad, fuera de que se trate de funciones directamente vinculadas a la representación diplomática. De lo contrario, el principio de inmunidad absoluta resultaría incompatible con la noticia contemporánea de jurisprudencia y con los derechos fundamentales del trabajador, parte estructuralmente débil en la relación jurídica.

La derecho dominicana ha obligado esta tendencia moderna. La propia Suprema Corte de Probidad ha establecido en precedentes anteriores que “un Estado extranjero no puede sin su consentimiento ser sometido a la potestad departamental de otros Estados”, pero todavía ha precisado que esa inmunidad “no se extiende a actos que no son estrictamente de índole soberana, como los contratos de trabajo, si el Estado beneficiario renuncia a ella o acepta ser sometido a la poder tópico”.

III. El caso de la Embajada de los Estados Unidos y el derecho al mediador natural

El caso que motiva esta consejo se origina en la demanda sindical de una trabajadora dominicana contra la Embajada de los Estados Unidos, entidad que, a través del documento “Hoja de trabajo del plan de plazo de empleo tópico”, estableció expresamente que la relación sindical se regiría por las leyes laborales locales. Pese a ello, los tribunales laborales y la Suprema Corte de Probidad declararon su incompetencia, acogiéndose a la inmunidad departamental del Estado extranjero.

Esa audacia, sin requisa, desnaturaliza el sentido y el gravedad de la norma constitucional. Si el entendimiento fue ejecutado en demarcación dominicano, bajo la carta sindical dominicana, y los derechos reclamados son de naturaleza puramente sindical -como cesantía, prestaciones y derechos adquiridos-, la competencia corresponde de modo monopolio a los tribunales de trabajo dominicanos, conforme a los artículos 480 y 483 del Código de Trabajo y a los principios IV, V y VIII del mismo cuerpo constitucional (territorialidad, irrenunciabilidad y favorabilidad).

El razonamiento contencioso que excluye la poder dominicana, a pesar de la sumisión contractual a las leyes locales, implica una violación al principio del mediador natural. Este principio, como ha sostenido el Tribunal Constitucional, garantiza que toda persona sea juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial, previamente establecido por la ley. Desplazar dicha competencia mediante una interpretación extensiva de la inmunidad equivale a crear un tribunal para estoexterno al mandato constitucional.

IV. Tutela contencioso efectiva y acercamiento a la jurisprudencia

La tutela contencioso efectiva, núcleo esencial del conveniente proceso, comprende -como ha definido el Tribunal Constitucional dominicano- el derecho de acercamiento a los tribunales, a obtener una audacia motivada, a utilizar los medios previstos y a la ejecución de las resoluciones. Desmentir competencia a los tribunales nacionales en casos laborales frente a embajadas extranjeras vulnera directamente ese derecho, pues priva al trabajador del único foro posible para hacer significar sus derechos.

En este sentido, la interpretación contencioso debe subordinarse al principio de vigencia (art. 40.15 de la Constitución), que obliga a las autoridades a ejecutar conforme a la ley, y al principio de seguridad jurídica, que garantiza la previsibilidad y estabilidad de las relaciones jurídicas. Al desconocer normas claras de competencia y principios protectores del derecho sindical, los tribunales incurrieron en una representación arbitraria contraria a la Constitución y al Estado social de derecho.

La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que el acercamiento a la jurisprudencia debe ser actual y no ilusorio. Si un trabajador dominicano no puede demandar a su empleador -aunque este sea una comunicado extranjera- en los tribunales nacionales, se le condena a la indefensión, pues el acercamiento a la poder del Estado extranjero resulta material y económicamente inverosímil. La jurisprudencia negada por razones formales o de conveniencia política es, en definitiva, una forma de injusticia.

V. El principio protector y la interpretación pro operario

El Derecho del Trabajo se construye sobre el principio a distinción del trabajoque exige interpretar toda duda en el sentido más benévolo al trabajador. Este principio, recogido en el Código de Trabajo dominicano, tiene rango constitucional al vincularse con los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad material.

Mario Pasco Cosmópolis explica que la regla de la norma más benévolo constituye un mandato imperativo para el mediador de trabajo: delante la colisión de dos o más disposiciones legales, debe aplicarse aquella que más favorezca al trabajador, independientemente de su grado legislatura. En el caso analizado, tanto la norma doméstico como el propio documento contractual reconocen la aplicación de la ley dominicana; sin requisa, los tribunales optaron por una interpretación contraria al espíritu protector del derecho sindical, privilegiando la inmunidad del Estado extranjero sobre los derechos de la persona.

Esa audacia no solo contradice el principio para el empleadosino que todavía vulnera el principio de igualdad procesal entre las partes. La jurisprudencia sindical se manguita en la compensación de desigualdades materiales, por lo que el mediador está llamado a proteger a la parte más débil frente al poder financiero o político de su contraparte. Renunciar a esa función es renegar de la razón de ser del derecho sindical y del propio Estado de derecho.

VI. Conclusión

El caso de la responsabilidad sindical de las legaciones diplomáticas no es un puro conflicto técnico entre jurisdicciones; es una cuestión de jurisprudencia sustantiva. La inmunidad departamental, concebida originalmente para asegurar la independencia soberana de los Estados, no puede transformarse en un escudo para escamotear obligaciones laborales ni en un aparato de impunidad frente a los derechos humanos básicos de los trabajadores.

El Estado dominicano, a través de sus tribunales, tiene el deber constitucional de apoyar la tutela contencioso efectiva, el acercamiento a la jurisprudencia y la protección del trabajo. Estos títulos, pilares del Estado social y tolerante de derecho, prevalecen sobre cualquier interpretación extensiva o descontextualizada del principio de inmunidad. En definitiva, cuando la inmunidad se impone al derecho, el Estado abdica de su función departamental y el ciudadano queda desamparado delante el poder.

El Tribunal Constitucional está llamado a restablecer el estabilidad entre el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos fundamentales internos, afirmando la soberanía contencioso dominicana en materia sindical y reafirmando que la jurisprudencia, para ser verdadera, debe ser todavía accesible, imparcial y humana.

JPM