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Miniatura de Julio Santana
En República Dominicana el Software de Medicamentos de Stop Costo vive una paradoja que se torna trágica. Mientras el Gobierno comunica inversiones récord y cobertura “puntual” para los pacientes activos, en la borde de enfrente crecen listas de aplazamiento que convierten el tiempo en un multiplicador mortal. En lo que va de 2025 la Dirección del mencionado software informó que se destinaron más de 2,000 millones de pesos a 1,222 pacientes oncológicos activos, con entregas al día. Esa es la foto que se difunde en ruedas de prensa y boletines oficiales y entendemos que esos números están beneficiando a una cantidad determinada de pacientes de cáncer.
Sin incautación, los testimonios de pacientes y sociedades médicas cuentan otra historia. La Sociedad Dominicana de Oncología Médica denunció que hay pacientes oncológicos con más de un año sin obtener a terapias de parada costo, una aplazamiento que en cáncer puede marcar la diferencia entre la vida y la crimen. A esto se suman episodios recientes de pacientes trasplantados renales que reclamaron la entrega del medicamento Myfortic 360 mg tras dos meses de retraso. Sin cobertura el tratamiento cuesta cerca de de treinta mil pesos mensuales, inaccesible para la mayoría. En ese escena el tiempo no es un trámite administrativo sino una sentencia.
Los números de saco confirman la magnitud del problema. En un relación de cincuenta y tres casos “sin aprobación” en nuestras manos la mediana de aplazamiento supera los 530 días, lo que equivale a casi año y medio. El promedio asciende a 608 días o vigésimo meses. Ese es el descuido en el que muchos pacientes ven progresar su enfermedad, pierden criterios de elegibilidad por estropicio clínico o simplemente mueren. La esperanza se diluye en la antesala, no en el tratamiento. Mientras tanto las familias agotan ahorros, venden propiedades y se endeudan en préstamos frente a un sistema bancario que no ofrece planes de crédito especiales para situaciones de sanidad debidamente certificadas. El sufrimiento se multiplica porque al drama médico se suma la ruina económica de los hogares que se ubican en los escalones inferiores de los niveles de ingresos.
La presión social no es un aberración nuevo. Durante los abriles 2023 y 2024 colectivos de pacientes realizaron marchas, vigilias y denuncias públicas para advertir que más de ciento treinta personas llevaban meses e incluso abriles aguardando la carta de aprobación, y que al punto que dieciocho habían recibido respuesta. Esa efectividad convive con un discurso oficial que insiste en la expansión del software y en la fortaleza del presupuesto. El Gobierno proclama que se pasó de 2,500 a más de 7,400 beneficiarios desde 2020 y que los posibles crecieron en la misma proporción. Sin incautación la pregunta que queda en el elegancia es inapelable. ¿De qué sirve la expansión numérica si la puerta de entrada sigue cerrada para cientos de pacientes y si aquellos que logran cruzarla se ven compelidos a una aplazamiento frente a una terrible enfermedad que no perdona ni concede treguas?
En esa contradicción se juega la diferencia entre cifras que lucen alentadoras y realidades que terminan siendo mortales.
El problema no es solamente tener más caudal o más beneficiarios. El definitivo obstáculo está en cómo y cuándo se ingresa al circuito. El Decreto 113-21 ordenó y centralizó procesos pero la evidencia muestra cuellos de botella en la evaluación, en la aprobación, en las compras y en la distribución. El impacto es devastador en el contorno. Una paciente lo resumió con crudeza al afirmar que estar vivo en este país es un fenómeno. Hablaba de los meses para conseguir citas, estudios y finalmente la aprobación del fármaco.
La contradicción es al mismo tiempo ética y de encargo. El éxito del software no puede medirse exclusivamente por la puntualidad con la que reciben sus medicamentos los pacientes ya activos, mientras decenas o incluso cientos de personas que cumplen con todos los criterios permanecen varados en la repertorio de aplazamiento, empeoran en su estado clínico y en demasiados casos mueren antiguamente de ser admitidos.
La trazabilidad pública de esa repertorio, con fechas de depósito, criterios de evaluación, tiempos medianos por patología y estado auténtico de los inventarios, sería el primer paso para transparentar una efectividad que hasta ahora solo se visibiliza en protestas y denuncias aisladas. En definitiva, el definitivo indicador no es la número de pacientes activos que aparecen en los informes oficiales, sino la distancia cada vez más dolorosa entre quienes califican y quienes efectivamente reciben.
Esa es la misma contradicción que viven los enfermos, atrapados en un orla administrativo donde el tiempo corre en contra. Disponemos de registros con códigos, nombres y apellidos, diagnósticos de cáncer y plazo de sometimiento de expedientes que datan de 2023. Son historias que revelan a pacientes cada vez más cercanos a los límites del sufrimiento y al agotamiento de posibles familiares.
La discusión compromete la credibilidad del sistema váter y, al mismo tiempo, la confianza de los pacientes en la capacidad del Estado para proteger lo más central. No se manejo de desconocer el esfuerzo presupuestario ni las buenas intenciones del presidente de la República, que son innegables, sino de subrayar que las reglas de comunicación y la oportunidad en la entrega trazan la frontera entre una inversión que salva vidas y un pago que se convierte en tragedia.
La sanidad es un derecho que no se mide por el bombeo de posibles destinados ni por las cifras que se anuncian en conferencias de prensa, sino por la capacidad auténtico de demorar a tiempo a quienes esperan con la vida en vilo. La desaparición de esa oportunidad transforma la esperanza en frustración y debilita la licitud de las instituciones. Lo recordaba Schopenhauer con amarga claridad: la sanidad no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es ausencia.
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