Ahora que se ha arreglado administrativamente la celebración de audiencias virtuales en las jurisdicciones de apelación civil y contencioso-administrativa del Distrito Franquista, se ha querido invalidar las objeciones presentadas por abogados por estas audiencias violar la equidad, la inmediación y el ataque a la honradez que debe caracterizar desde la óptica constitucional los juicios sobre la saco de que, legado que es voluntario de las partes en los procesos optar por las audiencias virtuales, no proceden estos reclamos pues es perfectamente válido renunciar independientemente a estas garantías procesales establecidas en beneficio exclusivo de las partes envueltas en una controversia comarcal.

Menos de que es constitucionalmente dudoso que pueda ordenarse administrativamente la celebración de estas audiencias virtuales y lo cuestionable que podría ser la renuncia a garantías básicas del adecuado proceso, hay, sin confiscación, un principio procesal fundamental al cual claramente no pueden renunciar las partes en las audiencias virtuales, pues está establecido en beneficio de toda la sociedad: la publicidad del inteligencia.

El inteligencia conocido presupone que este debe estar amplio siempre para todos aquellos que deseen presenciarlo, para así apoyar que los procedimientos sean justos e imparciales. Esta fianza aplica al inteligencia en su totalidad, por lo que se viola este derecho cuando se pide la excepción del conocido en cualquier parte del procedimiento, incólume los casos previstos en la ley para preservar los derechos de los menores, la intimidad y la imparcialidad.

El inteligencia conocido es, por otra parte, un derecho estrechamente vinculado con la facilidad de prensa, facilidad que es la núcleo de los demás derechos fundamentales. Y es que, cuando se impide el ataque de los medios de comunicación a los juicios, disminuye la fuerza de la Constitución y la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en la toma de decisiones. La facilidad de expresión incluye el derecho del ciudadano a asistir a los procedimientos judiciales y prohíbe al gobierno delimitar el flujo de información a los cuales accede el conocido. De ahí que ella prohíbe al gobierno cerrar en forma sumaria las puertas de los tribunales. No son válidos, luego, los juicios secretos pues ello priva a la ciudadanía del derecho de comentar y transmitir los procedimientos que se realizan en tribunales abiertos al conocido.

Conforme la legislación suprema estadounidense, “el clausura de los tribunales (es) una forma de censura previa del derecho de facilidad de prensa asegurado en la Primera Resarcimiento (…) La norma es la facilidad de prensa y tiene una posición de preferencia frente a las medidas restrictivas de los tribunales”. En este sentido, el derecho del conocido a estar presente en los procedimientos judiciales es un derecho tan sustancial como el de las partes en el inteligencia (First National City Bank of Boston v. Belloti, 435 US 765, 1978).

Celebrar audiencias virtuales a las que solo pueden aceptar las partes en el proceso viola la fianza del inteligencia conocido que no solo protege a aquellas sino que tutela el derecho de la ciudadanía de ver que se hace honradez. Más aún, celebrar audiencias virtuales con la presencia solo de las partes vulnera no solo el derecho de los ciudadanos a presenciar los juicios públicos de su interés sino que incluso lesiona la facilidad de expresión (Richmond Newspaper Inc. v. Commonwealth of Virginia, 1980).