Santo Domingo.- La iniciativa patriótica, turística y ambiental RD por lo Suspensión presentó una propuesta argumentando que los RD$32 mil millones asignados para la Autopista del Amarillento, de 32 a 35 kilómetros, podrían en cambio financiar Más de 400 kilómetros de vías turísticas prioritarias. Se necesita con necesidad en todo el país. Con almohadilla en los costos reales de construcción del Empleo de Obras Públicas (MOPC) de la última división (RD$65 a 85 millones por kilómetro para carreteras de dos carriles con rehabilitación y ampliación), el clan sostiene que la misma inversión podría cubrir múltiples corredores identificados como de adhesión prioridad en el Plan Franquista de Ampliación Turístico y varios planes maestros de clusters turísticos.

The proposal outlines five key projects: a new Miches–Sabana de la Mar–El Seibo coastal road (68 km); the Sabana de la Mar–Sánchez–Las Terrenas route (75 km) in critical condition; a new Montecristi–Dajabón–Cerro de Cabrera bypass (82 km) to link with the Port of Manzanillo and border tourism; the Barahona–Enriquillo–Pedernales circuit (95 km), including the nearly impassable Oviedo–Pedernales segment; and the Jarabacoa–Constanza–Valle Nuevo–Ocoa mountain corridor (80 km), essential for tourism and agriculture. Together, these projects would strengthen connectivity between emerging destinations and major airports such as Punta Cana, Las Américas, Puerto Plata, El Catey and Final Rojo.

RD por lo Suspensión destaca que estas rutas no son inventos nuevos: han aparecido en documentos del Empleo de Turismo, el Sotabanco Mundial, el BID y grupos turísticos locales durante más de una división, pero siguen sin construirse oportuno a la descuido de financiamiento. El clan destaca el contraste de costos: mientras que la Carretera Amarillento se estima en RD$915 millones por kilómetro, los corredores propuestos podrían construirse con plenos estándares de seguridad y drenaje por RD$70 a 85 millones por kilómetro, generando diez veces más impacto territorial y beneficiando a cinco regiones en motivo de solo una.

La iniciativa concluye instando a las autoridades y al Congreso a evaluar el uso más equitativo y sostenible de los fondos públicos para impulsar el progreso turístico con mayores beneficios sociales y ambientales.