La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple prisión domiciliaria en su piso de Buenos Aires, preguntó este miércoles a la Rectitud de su país si puede salir al galería para saludar a los cientos de seguidores que allí se encuentran desde la semana pasada.
«¿Puedo salir o no al galería de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por beneficio, qué comportamiento se encuentra prohibido. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados”, escribió la presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronismo) y líder de la concurso argentina en su perfil de la red social X.
En el mensaje difundido por Fernández, quien cumple una condena de seis primaveras de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos, se adjunta el escrito presentando por sus abogados, en el que piden a la Rectitud aclaraciones sobre lo que puede hacer y lo que no, al considerar que el texto contencioso es ambiguo.
Los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy preguntan de forma específica sobre el apartado de la resolución en la que aparece el ulterior texto- “Inhibirse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
«¿Cuáles son los alcances de la restricción?”, preguntan los abogados, al expresar que la detención de la expresidenta “ha suscitado un debate de carácter divulgado, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al galería del domicilio en el que se encuentra actualmente».
“Deviene imprescindible que V.E. indique si tal comportamiento se encuentra prohibido”, expone la defensa de Fernández.
Mientras tanto, la calle donde se ubica el piso de la expresidenta sigue repleta de seguidores y militares peronistas que la apoyan, y que aguardan a que la detenida salga a saludar, tal y como ha venido haciendo desde el 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena.
Cristina Fernández está condenada por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno (2007-2015) y el de su marido ya difunto, Néstor Kirchner (2002-2007).






