Cuando se acento del turismo como actividad económica, más allá de la presentación de visitantes extranjeros, se hace narración a un conjunto de sectores que incluso se dinamizan con el consumo circunscrito. Restaurantes, bares y hoteles no dependen exclusivamente del turista internacional. Los dominicanos forman parte activa de esta prisión de valía.

Si admisiblemente en los complejos hoteleros la billete de visitantes nacionales ronda el 10% de la ocupación, según datos del Ocupación de Turismo, el panorama es diferente en el sector restaurantero. Se negociación de un segmento mucho más rajado al mercado circunscrito, en gran medida porque una parte de estos establecimientos opera fuera de los polos turísticos tradicionales y de los complejos hoteleros.

Hasta 2025, las cifras oficiales del Ocupación de Turismo (Mitur) registraban 788 establecimientos entre restaurantes y locales de comida rápida a nivel doméstico. Tras un reportaje publicado por elDinero en diciembre, la institución actualizó su saco de datos y revisó la metodología de clasificación utilizada para presentar la información del sector.

Como resultado de esa aggiornamento, el Mitur dejó de identificar a los restaurantes según el status específico de sus licencias, vigentes, vencidas, en proceso e incompleta y adoptó un nuevo esquema que los agrupa como activos, en formalización e inactivos.

Bajo esta metodología más fresco, el registro oficial contabiliza 1,025 restaurantes, de los cuales 452 figuran como activos (44.1%), 343 en proceso de formalización (33.5%) y 230 como inactivos (22.4%). En la experiencia, esto significa que solo cerca de la porción de los restaurantes registrados a nivel doméstico cumple con los requisitos y licencias exigidos tanto por Turismo como por el Ocupación de Sanidad Pública para proceder.

Formalización

En República Dominicana, para que un restaurante entre en operación se requieren permisos de distintas entidades gubernamentales, y entre ellos no figura, como requisito previo obligatorio, la abuso del Mitur, a pesar de que esta institución es la responsable de regular al sector como actividad económica.

En la experiencia, la transigencia de un restaurante está condicionada, primero, por autorizaciones como el permiso retrete de Sanidad Pública, el Cuerpo de Bomberos, el uso de suelo otorgado por los ayuntamientos y los registros fiscales y laborales correspondientes.

No obstante, Mitur, a través de la Dirección de Empresas y Servicios, es la entidad facultada para emitir la abuso de operación turística, que aplica tanto a hoteles como a restaurantes.

Edgar González, director de esa dependencia, explicó a elDinero que la diferencia radica en la forma en que uno y otro subsectores entran al radar institucional. Mientras los hoteles, especialmente los de cadenas internacionales, suelen ser identificados desde etapas tempranas, como la construcción o la solicitud de incentivos, los restaurantes siguen una dinámica distinta. “En el caso de los restaurantes es diferente: suelen iniciar operaciones y luego el inspector acude y les deja una notificación para que se formalicen”, señaló.

Desde el sector privado, Giancarlo Bonarelli, presidente de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), coincide en que la abuso del Mitur forma parte del entorno regulatorio, pero destaca que su producción suele darse seguidamente al inicio de operaciones, una vez el establecimiento ha cumplido con otros requisitos esenciales.

“Como engendro regulador debe ser con el permiso del Mitur, que a su vez exige el permiso de Sanidad Pública y de los Bomberos, los cuales deben obtenerse antiguamente de rajar”, explicó. A estos se suman obligaciones frente a la Dirección Normal de Impuestos Internos (DGII), el Ocupación de Trabajo y la Tutela de la Seguridad Social (TSS), así como regulaciones de ProConsumidor y, en casos específicos, permisos sectoriales y licencias de derechos de autor.

Sanidad Pública

Según explican desde Sanidad Pública a elDinerolas inspecciones a hoteles, restaurantes, bares y discotecas se realizan a través de la Dispositivo de Sanidad y Turismo, adscrita a Sanidad Ambiental, en coordinación con la Dirección de Empresas y Servicios Turísticos del Ocupación de Turismo, mediante su radio de Inspectoría. Los dos organismos integran el Consejo de Sanidad y Turismo (Consatur).

Donado que cerca del 80% de las actividades del sector turístico implican factores con potencial impacto en la vigor y el medio ámbito, especialmente por la manipulación de alimentos y bebidas, la evaluación sanitaria de Sanidad Pública es un requisito indispensable para que el Mitur otorgue la Inmoralidad de Operación. En ese contexto, los restaurantes deben someterse a inspecciones sanitarias sorpresivas realizadas por Consatur, orientadas a efectuar que los establecimientos cumplan con las condiciones mínimas necesarias para compendiar riesgos a la vigor pública.

Durante el proceso, el Ocupación de Sanidad Pública revisa aspectos como las condiciones físicas e higiénicas del circunscrito y de los equipos, el manejo de alimentos y bebidas, los programas de control de plagas y calidad del agua, los registros de temperatura y de empleados enfermos, así como las prácticas de higiene del personal, los planes de contingencia y la capacitación continua del procedimiento humano.

En ese sentido, desde Sanidad Pública revelan a elDinero que las principales irregularidades detectadas en los restaurantes están vinculadas a deficiencias en las condiciones higiénicas, desatiendo de documentación y controles adecuados de los procesos, así como la desaparición o retrasos en las analíticas médicas del personal que manipula alimentos y bebidas.

Son imparcialmente los hallazgos en estos puntos los que ayudan a explicar por qué el 33.5% de los restaurantes registrados figura en status de formalización, a la paciencia de corregir las irregularidades identificadas durante las inspecciones.

De hecho, las deficiencias más frecuentes se concentran en las prácticas operativas y administrativas, no en la infraestructura.

La Dispositivo de Sanidad y Turismo realiza entre 500 y 600 inspecciones anuales a establecimientos del sector turístico.

“Yo les exijo a los restaurantes que me den su permiso retrete para la abuso de operación. O sea, que Sanidad Pública debió haberlos trillado primero”, explicó González. “No deberían proceder sin el permiso retrete. Eso es lo primerito de todo”.

Régimen de consecuencias

Más allá de los requisitos administrativos, uno de los puntos más sensibles del sistema de regulación de los restaurantes es la limitada capacidad judicial del Mitur para sancionar a los establecimientos que operan sin abuso.

La Ley de Turismo no contempla un régimen de consecuencias que permita imponer multas o cerrar negocios por incumplimiento, una amor que, según reconoce la propia institución, afecta directamente los niveles de formalización del sector.

“Nosotros lamentablemente, y esto ya para todos los subsectores, no solamente hotel y restaurante, no tenemos en la ley de turismo la casco para un tema de régimen de consecuencia, de que si no tienes la abuso yo pueda multarte o puedas cerrarte. Ese es el veterano talón de Aquiles que tenemos”, afirmó González. A su pleito, de existir ese tipo de herramientas legales, el naturaleza de cumplimiento sería sustancialmente veterano: “Porque si no, créeme, que la gran mayoría estuvieran en la dirección”.

Frente a la desatiendo de un régimen sancionador, Mitur utiliza mecanismos administrativos para empujar la regularización de los restaurantes. Esto incluye notificaciones sucesivas, una primera encuentro y una segunda comunicación a los 30 días, y la concesión de plazos de corrección según la pesadez de los incumplimientos, que pueden ir desde 24 horas hasta varias semanas cuando se requieren adecuaciones que no pueden ejecutarse de inmediato.

Una vez otorgada la abuso de operación, el Mitur aplica un esquema de inspecciones periódicas a los restaurantes, ya que la abuso tiene vigencia anual y su renovación activa automáticamente una nueva evaluación.

Estas inspecciones pueden realizarse entre una y dos veces al año como insignificante y abarcan tanto las áreas de atención al conocido como las cocinas y zonas de almacenamiento y preservación de alimentos.

El plazo asociado a la abuso, calculado en el caso de los restaurantes según la cantidad de comensales, tiene un carácter principalmente representativo y no persigue fines recaudatorios, ya que en muchos casos no cubre los costos operativos de las inspecciones, que incluyen traslados, personal técnico y coordinación con el Ocupación de Sanidad Pública.

De acuerdo con datos institucionales, más del 30% de los restaurantes inspeccionados logra regularizar su status tras una primera observación. El tiempo promedio para acaecer de “en proceso” a “vivo” se estima en unos 15 días, dependiendo de la naturaleza de las correcciones requeridas. Las autoridades señalan que el sistema apunta a elevar los estándares sanitarios mediante seguimiento y regularización.

Aun así, hoy una parte de los restaurantes opera sin moral estatal completa. La más fresco aggiornamento del Registro Doméstico Turístico muestra que de más de 230 con abuso inactiva, solo 101 han sido cerrados. En desaparición de un régimen sancionador, queda abierta la pregunta sobre la señal de los estándares sanitarios exigidos por la reglamento para los consumidores.

Validez

Para Aderes, los establecimientos con status “no vivo” en el registro oficial avala, en muchos casos, a procesos normales de renovación anual o a trámites administrativos, y no necesariamente a informalidad ni a irregularidades sanitarias.

El asociación sostiene que la mayoría de sus afiliados mantiene licencias vigentes o se encuentra en proceso de regularización, y que no existen diferencias operativas relevantes entre un restaurante activo y uno en proceso, ya que uno y otro cumplirían con los estándares sanitarios exigidos. Asimismo, atribuye la acumulación de licencias vencidas o en trámite al crecimiento del sector y a factores burocráticos.