La República Dominicana ha vivido en un constante lloriqueo, culpando a otros del problema que ha creado: una migración haitiana indocumentada y saqueada.

Que quede claro: la migración haitiana irregular no es producto de la imposición de ningún país extranjero ni de ningún organismo internacional. Es producto de la irresponsabilidad de los gobiernos y empresarios dominicanos que durante muchas décadas han permitido un flujo migratorio ilegal en saco al cuota de sobornos (corrupción).

Pero siempre es más comprensible culpar otros que encargarse responsabilidad.

En los últimos cuatro primaveras, el presidente Luis Abinader ha asumido el lloriqueo como eje de la política foráneo alrededor de Haití y de la política migratoria, y ha cantaleteado por doquier que la comunidad internacional quiere echarle el problema haitiano a la República Dominicana.

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Es cierto que la comunidad internacional se desligó de Haití porque no ve beneficio en ponerse pasta para resolver los graves problemas en ese pequeño país del Caribe sobrepoblado y desforestado. Eso era de esperarse. Por lo que, hace tiempo, la República Dominicana debió encargarse con responsabilidad el control de la frontera y el adecentamiento de la política migratoria.

No se hizo porque la ilegalidad y la corrupción son los pilares de la política migratoria del Estado dominicano, porque la migración indocumentada es una fuente inagotable de mano de obra baratura y porque domina la idea de que los ilegales se pueden sacar fácilmente del país.

Los agentes de manejo humana en la frontera cobran por dejar entrar, transportar, dejar regresar y de nuevo dejar entrar.

Ahora, la captura de haitianos que impulsa el Gobierno abre una nueva compuerta para la arbitrariedad y la corrupción. Y esa corrupción no les importa a muchos dominicanos porque extorsionan a haitianos.

Según testimonios, se estima que cada inmigrante haitiano o descendiente que agarran debe avalar un soborno que oscila entre diez y vigésimo mil pesos para que lo suelten. Por otra parte, penetran en sus precarias viviendas y se llevan lo poco de valía que tengan.

O sea, a los más pobres entre los pobres de la sociedad dominicana (los inmigrantes haitianos y sus descendientes), los están despojando vilmente de sus pocos fortuna. Es inhumano y cruel.

A los haitianos no solo los dejan entrar por cuota de soborno y los apresan para despojarlo de sus fortuna, igualmente los han empleado ilegalmente y los han mantenido en la ilegalidad para avalar salarios más bajos, no contribuir a la seguridad social y poder deportarlos cuando convenga.

Incluso, a muchos de los doscientos mil inmigrantes que fueron regularizados por mandato de la Sentencia TC-168-13el Gobierno flagrante no les está renovando el permiso de trabajo. ¿La razón? Ampliar la ilegalidad, surtir esos trabajadores vulnerables y sujetos a los abusos de los empleadores y de las autoridades policiales, militares y de migración.

Mientras la inmensa mayoría del pueblo dominicano aplaude la política migratoria del Gobierno, porque asume que verdaderamente están sacando los haitianos, no perciben que la esencia de la política migratoria dominicana consiste en hacer a los inmigrantes más pobres y vulnerables para explotarlos más.