Por Richard Carlos Meza

El 1 de septiembre de 2025, una falúa venezolana fue destruida por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales del mar Caribe. El ataque, confirmado por el presidente Donald Trump, dejó merienda personas muertas. La embarcación estaba presuntamente vinculada al conjunto criminal Tren de Aragua y al tráfico de estupefacientes. Sin confiscación, la operación se realizó sin autorización multilateral ni alegato formal de legítima defensa. El hecho reavivó un debate que va más allá de lo técnico: ¿puede un Estado profesar fuerza mortífero fuera de su mando sin vulnerar el derecho internacional?

Este episodio, ocurrido en un espacio que no pertenece a ningún país, lo cual plantea una tensión creciente entre seguridad y moralidad. En un mundo donde las amenazas se mueven sin fronteras, ¿cómo deben representar los Estados sin debilitar el orden sumarial internacional?

¿Qué dice la reglamento internacional?

Las aguas internacionales (igualmente llamadas adhesión mar) están regidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Esta establece que ningún Estado tiene soberanía sobre ellas, y que todos gozan de desenvolvimiento de navegación, pesca y sobrevuelo. Pero esa desenvolvimiento está condicionada: el artículo 88 reserva la adhesión mar para fines pacíficos. El uso de la fuerza marcial, luego, solo se permite en circunstancias excepcionales.

Las embarcaciones que navegan en adhesión mar están bajo la mando del país cuya bandera enarbolan. Solo pueden ser inspeccionadas si hay sospechas fundadas de piratería, alcahuetería de esclavos o si no tienen procedencia. Adicionalmente, el uso de la fuerza está restringido por la Carta de las Naciones Unidas, que lo permite solamente en legítima defensa frente a un ataque armado, siempre que sea inmediato, necesario y proporcional.

En el caso nuevo, no se alegó legítima defensa, no hubo resolución del Consejo de Seguridad, ni se demostró que la falúa fuera pirata o sin bandera. Por lo tanto, la moralidad de la energía resulta cuestionable. Y es que la adhesión mar no puede convertirse en un demarcación sin ley donde cada Estado actúe según su propio criterio.

¿Qué es la seguridad franquista?

En paralelo, la conocimiento de seguridad franquista ha evolucionado en las últimas décadas. Hoy incluye amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Esta expansión ha llevado a algunos gobiernos a argumentar acciones extraterritoriales en nombre de la seguridad. Pero esa deducción puede deteriorar principios fundamentales del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía estatal.

La responsabilidad internacional de un Estado se activa cuando viola obligaciones jurídicas, como el uso de la fuerza sin autorización, la afectación de la soberanía de otro país o la violación de derechos humanos. En este caso, podrían haberse vulnerado derechos fundamentales de los ocupantes de la embarcación, especialmente el derecho a la vida. Adicionalmente, no hay evidencia de que se hayan fatigado mecanismos de cooperación regional o protección admitido mutua, como los previstos en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en una excusa para el uso irrestricto de la fuerza. Las acciones estatales deben guiarse por el principio de proporcionalidad y el deber de debida diligencia. Ejecutar fuera del región propio, sin mandato multilateral y sin garantías jurídicas, debilita el orden internacional y abre la puerta a abusos.

Desde una perspectiva admitido, la destrucción de embarcaciones en adhesión mar sin autorización multilateral no está permitida. El derecho internacional consuetudinario y los tratados vigentes solo contemplan tres excepciones: legítima defensa, autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y operaciones multilaterales previamente acordadas. Incluso en contextos extremos, como la lucha contra la piratería en Somalia, se han requerido resoluciones específicas para permitir acciones militares.

Sin estas condiciones, cualquier intervención se considera fragmentario y puede violar principios como la no intervención y el respeto a la vida. En el caso nuevo, la abandono de coartada admitido convierte el hecho en una medida controvertida, con implicaciones jurídicas relevantes.

Revisión del derecho internacional

Este incidente obliga a repensar el papel del derecho internacional en contextos de seguridad transnacional. ¿Puede el derecho adaptarse a nuevas amenazas sin perder su esencia garantista? ¿Estamos frente a una reinterpretación sencillo del principio de no uso de la fuerza o frente a su progresiva deterioro?

La moralidad internacional no es un obstáculo, sino una fianza. La seguridad debe ejercerse con responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. La pregunta no es si se puede destruir una falúa en adhesión mar, sino cómo se construye una respuesta legítima, eficaz y respetuosa del derecho.

El océano ha sido históricamente símbolo de desenvolvimiento, de comercio, de altercado. Pero igualmente puede convertirse en ambiente de tensión, de fuego, de silencio. Cuando una embarcación es destruida en adhesión mar y merienda personas pierden la vida sin proceso ni comprobación, el derecho internacional se enfrenta a su veterano desafío: seguir siendo relevante.

Este texto no pretende emitir veredictos. Pretende destapar preguntas. Preguntas que incomodan, que duelen, que exigen respuestas jurídicas serias. Porque si el derecho no puede proteger a quienes navegan en aguas sin bandera, entonces el mar deja de ser espacio global. Y eso, más allá de cualquier frontera, nos interpela a todos.

En el mar, la ley debe ser el único áncora. Porque sin ella, lo que flota no es jurisprudencia, sino incertidumbre.

Richard Carlos Meza es abogado peruano especializado en derecho internacional de los derechos humanos. Arte en Derecho y Honradez Penal Internacional por Kennedy University y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Honradez (UNICRI).