Resulta una antítesis del expansión contemporáneo observar cómo una infraestructura hospitalaria de vanguardia, cuya inversión supera los RD$10,000 millones, sucumbe en presencia de soluciones sanitarias obsoletas por una evidente fragmentación en la planificación estratégica. Es imperativo señalar que la implementación de pozos sépticos como medida paliativa no es solo una regresión técnica, sino el signo de una patología administrativa profunda: la partida de una gestión de proyectos integral que priorice los servicios ecosistémicos básicos sobre el avance cosmético de la obra.

El Servicio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha incurrido en una disonancia operativa al permitir la progresión de la segunda etapa (Zona 3, Niveles 1 y 2) mientras los componentes críticos de la primera etapa —específicamente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el Almacén Normal y las áreas exteriores— permanecen en un estado de inconclusión técnica. Esta osadía contraviene los principios elementales de la ingeniería civil y sanitaria, donde la infraestructura de soporte dinámico debe preceder a la autorización de servicios de dictamen y desinfección.

La precariedad se agudiza al analizar el comprobación hídrico del plan. En una configuración técnica que guión en lo irracional, el centro hospitalario depende de cuatro pozos tubulares para su aprovisionamiento, mientras simultáneamente se pretende utilizar el subsuelo como receptor de efluentes fecales. Este ciclo cerrado de linaje y residuos no solo compromete la integridad del acuífero regional de la Provincia Duarte, sino que representa un peligro epidemiológico profundo. ¿Dónde reside la vigilancia de las autoridades ambientales en presencia de este atentado a la geohidrología restringido?

La postergación de la puesta en marcha de servicios críticos (imágenes, laboratorio, lavandería y desinfección), prevista para el 15 de diciembre de 2025, es la consecuencia directa de una encargo que ha permitido al contratista mayoritario priorizar intereses particulares sobre el rigor normativo. Como profesionales de la ingeniería, no podemos estandarizar que el clientelismo degrade la calidad de una obra que debería ser el parapeto de la salubridad regional. La infraestructura pública exige ética, técnica y, sobre todo, una sucursal que no sacrifique la sostenibilidad por la inmediatez política.

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