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Seguir desfigurando la identidad del periodista y desprofesionalizando el periodismo, como propone la denominada Ley Orgánica de Expresión y Medios Audiovisuales implica, en la era de la post-verdad (distorsión y manipulación intencional de acaecimientos, dogmas y emociones), acelera la mediamorfosis en el circuito del retroceso: improvisación por la inmediatez, falsedades, desinformación a gran escalera, denigración y menoscabo de los títulos ciudadanos.
El nuevo y ambiguo texto minucioso por la Sociedad Dominicana de Diarios, y presentado ya a las Cámaras Legislativas para supuestamente regular la comunicación, confunde la ejercicio con la magnesia: torcida e indiscriminadamente mezcla el gimnasia de un campo profesional sectorial y un derecho fundamental colectivo.
Excepto de que no separa el espinilla de la paja, le otorga carta blanca a los intrusos que suplantan a periodistas titulados universitarios y colegiados, y trae a la palestra pública un debate clásico sobre la profesionalización y el profesionalismo, que se suponía sepultado, en una coyuntura tecno-histórica en que los periódicos precisan alianzas para conseguir más riqueza y calidad, en contraposición a la reconocimiento de las redes sociales y los audiovisuales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y su apéndice franquista, la Sociedad Dominicana de Diarios, se sacude tardíamente solo para exponer regresión. Hace décadas pregonó que no había que estudiar periodismo, y tuvo que respaldar centros de formación y aggiornamento, luego que la mejor ley de prensa era la que no existía y luego proclamó la fracasada autorregulación. Ahora que las redes sociales están haciendo agua de borrajas en su maniquí de negocio sugiere, todavía obsesionada en la cuello de la nostalgia de la digitalización y la internet, prepara un adefesio que en absoluto le hará recuperar audiencias ni publicidad.
Aunque los diarios han perdido lectoría y rentabilidad, continúan vibrando con pujanza en los estamentos estatales, empresariales y políticos, por su mesura y una anciano autenticidad noticiosa, que le abonan credibilidad. Acogida por influencia al academicismo y aprovechando los talentos de los egresados universitarios, que han sido una fuente nutricia en la calidad y la sobrevivencia de los medios, en los términos de la propuesta legislativa se paseo al revés, porque da riendas sueltas al sicariato y a la basura mediática.
Veamos al punto que cuatro anacronismos, muy manoseados y ajados, que retumban en el esquema de Ley de Expresión:
1.- Principios generales: “Privilegiar a los comunicadores sociales”. ¿Quiénes son? ¿Los intrusos (políticos, abogados, economistas, sociólogos, ingenieros y médicos sin destrezas ni justificación comunicativa), que incursionan en los conductos de difusión para inquirir nombradías, clientelas, prebendas y cargos públicos?
2.- Artículo 10: “La publicidad que se haga en medios impresos y digitales en forma de informe”. ¿Cómo diferenciarlos si el esquema no cuenta con un diccionario de terminologías que definan conceptos y disciplinas?
3.- Artículo 12: Requisitos para ser director de un medio: anciano de vida, tener derechos civiles y políticos, y ser dominicano, pero está carente la imprescindible formación en comunicación social. Un forastero como líder de un equipo en esta complicada radio representa un contrasentido, porque no entiende las normas y reglas de la profesión, ni siente un compromiso con su Código de Ética. En esencia, carece de formación profesional, experiencia y competencia para desempeñar esa función de un servicio a la sociedad. Será una veleta, en perspectiva de que está carente la destreza para convencer y contradecir a sus subalternos titulados universitarios.
4.- Artículo 39: Un abogado o patrón puede ser presidente del Instituto Franquista de Comunicación (Inacom). En el Consejo Asesor no figura ningún representante de las escuelas de comunicación social, aunque sí de 13 instituciones, algunas no especializadas en la materia.
La socialización ha brillado por su abandono. Por lo menos, los presidentes de una ordenamiento agrupado y otra académica aprobaron el citado esquema de Ley de Expresión y Medios Audiovisuales sin discutirlo con sus representantes provinciales, y mucho menos con su membresía. Dimana como insólito que la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M, que cuenta con más de 30 profesores de amplia experiencia y más de dos mil egresados, ni de allá fuera consultada por los integrantes de la comisión redactora, cuyo coordinador formó parte de su cuerpo de catedráticos.
La regulación se decanta tan intrincada que amerita una discusión multisectorial y tan amplia como ocurrió con la modificación de la Constitución de la República de 2010. Insistimos que no baste con la ley en cuestión, sino que abarque el ecosistema mediático completo y, por esa razón, se impone el Código Sumarial de la Comunicación, que incluya 12 leyes, entre ellas la de la colegiación periodística. En tal sentido, el Congreso Franquista debe devolver el texto a la comisión proponente, con la solicitud de que sean formadas 12 subcomisiones de trabajo, para que todo el que tenga que sostener, que lo diga.
