Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hijas del Merenguero Rubby Pérez, revelaron este miércoles que, en la querella con constitución en parte civil que interpusieron contra los propietarios de la set de chorro de discotecapor el colapso del techo ocurrido el pasado 8 de abril, han solicitado una indemnización de RD $ 435,000,000.00. En el hecho falleció su padre adjunto a otras personas.
«Esta hecho justo va más allá de un simple publicidad contencioso; representa una puesta ética: mudar el duelo en una responsabilidad social. Por ello, la comunidad ha solicitado una indemnización de RD$435,000,000.00, que no se concibe como una compensación económica, sino como un utensilio para allanar la transformación social», comunicaron las jóvenes.
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Manifestaró que los capital reclamados se destinarán a la creación de un fondo de impacto dirigido a la adolescencia dominicana, sustentado en tres pilares fundamentales:
- Fomento y promoción de la industria creativa como utensilio de expresión, cohesión social y incremento comunitario.
- Formación en títulos y ciudadanía en escuelas y espacios comunitarios.
- Prevención de riesgos y fortalecimiento de entornos seguros para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
“Queremos que este fondo sea una semilla de futuro y conciencia. Que donde hubo silencio institucional, surja una red de oportunidades para nuestros jóvenes”, expresaron Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso.
Agregaron que el fondo será implementado en colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, y que nace del convencimiento de que ninguna tragedia debe resultar simplemente en un expediente cerrado.
«La memoria de Rubby Pérez y de cada una de las víctimas exige una respuesta estructural que mire con destino a delante y proteja lo más valioso que tiene un país: su adolescencia», pronunciaron.
Encima, informaron que, como parte del proceso penal en curso, la querella contempla la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción para los imputados, atendiendo a la gravitación de los hechos, la escazes de avalar la integridad del proceso contencioso y la obligación decente de que los responsables no queden impunes.
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