La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada este jueves por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al tesina antimigratorio del presidente Donald Trump.

La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un anciano compra del Gobierno en materia de agencias de seguridadque se destinará, por amplio ganancia, al manejo de la inmigración.

Las voces críticas de esta código han calificado el compra de “inédito” y alertan que acelerará la dietario de deportaciones masivas de la Establecimiento, con consecuencias “caóticas” para la población migrante de EE.UU. y la capital del país.

La votación de ayer jueves en la Cámara de Representantes dio el postrero manido bueno al tesina, que pasará ahora al escritorio de Trump, quien planea firmarlo en un acto en la Casa Blanca este viernes 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense.

Más agentes de miración y pared fronterizo

Con un compra de casi US$170,000 millones en cuatro abriles, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20,000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia fabricado.

En concreto, la ley contempla más de US$46,500 millones para la construcción del pared fronterizo y más de US$45,000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.

Para aumentar las detenciones y guatar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20,000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El laboratorio de ideas conservador Cato ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la número de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50,000 actualmente a más de 200,000 en todo el país.

Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un crónica, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.

El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116,000 osadía diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.

Esta ascensión en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería todavía consecuencias negativas para la capital del país, según detalló un prospección del Economic Policy Institute.

Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3.3 millones de migrantes y 2.6 millones de trabajadores nacidos en EE.UU., de acuerdo con este crónica.

Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios

La ley todavía pesquisa aumentar los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de US$100 por solicitar orfanato, un status diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o étnico en sus países.

El costo por solicitar un permiso de trabajo será de US$550, y este solo tendrá una validez de seis meses. Encima, se cobrarán US$100 anuales a quienes tengan una solicitud de orfanato irresoluto.

Apelar una valor de un enjuiciador de migración costará US$900 (antaño se cobraban 110), y todavía se elevará a US$500 el costo de solicitar un Status de Protección Temporal (TPS).

Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales

La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la capital de los migrantes en EE.UU.: un carga del 1% a las remesas enviadas al extranjero.

Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Cárcel Mundial, con más de 85.800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.

La ley todavía incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, restringiendo su ya prohibido ataque a beneficios fiscales.

Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán consentir al software de crédito fiscal por hijos, que reduce el valor de los impuestos a satisfacer.

A su vez, se reducirán los fondos federales del software Medicaid para los estados que ofrecen servicios de sanidad a migrantes sin status constitucional, y se prohibirá que algunos migrantes con status constitucional —incluyendo quienes tienen visas de trabajo o TPS— puedan consentir a seguros de sanidad con costos reducidos.