La luz verde del Tribunal Supremo de Estados Unidos a la reactivación de redadas justificadas por motivos de raza, idioma o trabajo en California reavivó temores de «perfilamiento étnico», advertidos en su disenso por la jueza Sonia Sotomayor y compartidos por el representante Gavin Newsom.

«No deberíamos proceder en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable gachupin y trabaje en un empleo mal remunerado», advirtió la jueza Sonia Sotomayor en su voto disidente, luego de que el Tribunal Supremo decidiera este lunes por 5 votos a crédito y 4 en contra reactivar redadas migratorias en California a petición del presidente Donald Trump.

Las redadas habían sido suspendidas el 11 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, quien consideró inconstitucional detener a personas basándose solo en raza, idioma, ubicación o empleo. Entre el 6 de junio y el 2 de julio se realizaron 2.792 coraje, guarismo que cayó por debajo de los 1.400 en julio y principios de agosto, según datos del Unidad de Seguridad Franquista.

Las operaciones iniciales provocaron grandes protestas en Los Ángeles, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía regional. Trump respondió desplegando hasta 2.000 miembros de la Guarda Franquista y 700 marines. En ese periodo se contabilizaron aproximadamente de 2.800 coraje, según cifras oficiales y reportes de medios.

Desde entonces, el Unidad de Seguridad Franquista informó que las redadas en Los Ángeles han superado ya los 5.000 coraje, guarismo utilizada por el Gobierno para discurrir la continuidad de los operativos federales.

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Alerta por táctica de «terror étnico»

Tras el defecto del Supremo, el representante de California, Gavin Newsom, calificó la atrevimiento como una amenaza para las comunidades latinas y las familias inocentes. En un comunicado, advirtió que las autoridades judiciales se están convirtiendo en «el gran mariscal de un desfile de terror étnico».

Newsom mantiene un historial de choques con Trump que incluye el despliegue federal de la Guarda Franquista en California, demandas judiciales y una ascenso de ataques mediáticos mutuos. En junio, acusó al expresidente de militarizar las calles y de aplicar una mano dura contra los migrantes, lo que consolidó su papel como uno de los principales críticos demócratas de Trump.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respaldó las críticas del representante y aseguró que el defecto «abre la puerta a la discriminación abierta en nuestras comunidades». Bass afirmó que la ciudad «no será cómplice de políticas que persiguen a la multitud por el color de su piel o el idioma que hablan».

Organizaciones civiles como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que la atrevimiento del Supremo «normaliza el perfilamiento étnico» y expone a millones de inmigrantes y ciudadanos de origen latino a ser detenidos sin garantías. Además advirtieron que las redadas de ICE socavan la confianza en las instituciones y generan un clima de miedo en los barrios más vulnerables.

Operativos migratorios llegan a otras ciudades

Los operativos antimigrantes impulsados por el Gobierno de Donald Trump se están expandiendo a nuevas ciudades, con Chicago y Boston en el centro de las acciones más recientes. El mandatario ha prometido «tomar el control federal de la seguridad» incluso en contra del rechazo de autoridades locales. Esta semana, agentes de ICE desplegaron redadas masivas en barrios de mayoría latina en ambas ciudades, desatando protestas y denuncias de perfilamiento étnico.

El propio Trump celebró el inicio de estos operativos con un mensaje en su red social Truth, donde escribió el 6 de septiembre: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”. La frase generó críticas de organizaciones civiles, que acusaron al presidente de ordenar la persecución de comunidades enteras por su origen étnico o idioma.

California, epicentro histórico de la disputa migratoria, mantiene un papel secreto en este pulso. En 2019, durante la primera Filial Trump, ICE reportó más de 18.000 detenciones en el estado, con Los Ángeles como el distrito con más coraje de inmigrantes sin informes criminales. Varias resoluciones judiciales habían restringido los operativos, pero el flamante defecto del Supremo reactivó la ataque en ese departamento.

Entre 2017 y 2020, la confrontación alcanzó su punto máximo cuando Trump convirtió la mano dura migratoria en bandera de campaña, mientras California encabezaba más de 100 demandas federales contra sus medidas. Con la nueva luz verde legislativo, el choque se reaviva, aunque ahora en paralelo con una expansión de las redadas con destino a otras grandes urbes.

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