Hoy, la minería moderna ya no se mide solo por cuánto extrae, sino por cómo lo hace y a quién beneficia

Por Martín Ernesto Valerio Jiminián

La minería no es una actividad circunstancial ni insignificante; es un mandato constitucional y una columna del maniquí de progreso doméstico. La Constitución de 2010 no deja oportunidad a dudas: los capital naturales forman parte del patrimonio de la Nación y su utilización debe realizarse con racionalidad, sostenibilidad y transparencia.

El dominio estatal: cojín jurídica del progreso

El artículo 14 establece que los capital naturales del condado doméstico incluidos el subsuelo y los yacimientos mineros son de dominio inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado. El artículo 17 complementa este principio al disponer que su explotación solo puede producirse mediante concesiones o contratos otorgados conforme a la ley. Estos artículos consagran un régimen conocido donde el Estado no es un solo espectador, sino propietario, administrador y avalista del interés doméstico.

En este situación, la minería dominicana no opera al beneficio del Estado, sino en el interior de un sistema sumarial que equilibra derecho conocido, iniciativa privada y función social de la hacienda (artículo 50). Ese invariabilidad es el que convierte la riqueza del subsuelo en bienestar tangible para las comunidades y el país.

Proporcionalidad, confianza y propósito

El artículo 40.15 de la Carta Magna dispone que toda representación estatal se rija por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En el ámbito minero, esto se traduce en la búsqueda de un oscilación entre regulación, protección ambiental y seguridad jurídica. Solo a través de ese invariabilidad se construye credibilidad, el apelación más valioso de cualquier sector crematístico. Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay progreso sostenible.

Esa confianza vuelve a consolidarse. En los primeros siete meses de 2025, la minería dominicana creció 5 %, revirtiendo la caída del –12.5 % registrada en 2024. Solo en julio, el crecimiento interanual fue de 21 %, una de las tasas más altas desde 2021. Estos resultados confirman que el país puede producir progreso sin comprometer sus principios ambientales ni su institucionalidad.

El coalición constitucional de sostenibilidad

Los artículos 66 y 67 de la Constitución conforman lo que podemos denominar un coalición constitucional de sostenibilidad minera, al inspeccionar el derecho colectivo a un medio dominio sano y el deber de restaurar los ecosistemas degradados. Este situación obliga tanto al Estado como a las empresas a efectuar con responsabilidad, trazabilidad y tecnología limpia, garantizando que cada plan deje una huella positiva en el condado: mejores carreteras, escuelas, oportunidades laborales y comunidades más resilientes.

Hoy, la minería moderna ya no se mide solo por cuánto extrae, sino por cómo lo hace y a quién beneficia. El duelo no es extraer más, sino hacerlo mejor.

Un sector que impulsa la hacienda

Más allá de la cuna, la minería moderna es una industria de valía adjunto, con capacidad para dinamizar sectores completos de la hacienda dominicana. Cada operación minera activa cadenas productivas que incluyen transportes, metalmecánica, manufactura, energía, puertos, tecnología, servicios ambientales, seguridad industrial y un creciente universo de MIPYMES locales.

En los últimos abriles, más del 70% de las compras de las principales empresas mineras se ha realizado a suplidores dominicanos, movilizando miles de millones de pesos en fortuna y servicios nacionales. Esto convierte a la minería en una de las pocas actividades con un impresión multiplicador.

La minería todavía fortalece la capacidad fiscal del Estado. Regalías, Impuesto Sobre la Renta (ISR), anticipos, retenciones y la billete municipal han crecido de forma sostenida, financiando carreteras, hospitales y programas sociales en provincias que históricamente enfrentaban barreras de progreso. Esto flujo fiscal expresa con claridad el mandato de los artículos 14, 16, 17 y 50: los capital naturales son patrimonio conocido y su utilización debe traducirse en bienestar colectivo.

El impacto crematístico del sector, luego, va mucho más allá de los montos de exportación: representa un maniquí basado en productividad, formalización profesional, inversión extranjera directa responsable y fortalecimiento institucional. Es un sector que combina rentabilidad empresarial con beneficio conocido y que demuestra que el subsuelo dominicano puede ser una palanca de bienestar si se gestiono con reglas claras, tecnología y responsabilidad.

El pacto social minero

El mandato constitucional es claro: los artículos 16 y 17 obligan al Estado a promover el utilización racional de los capital naturales en beneficio del progreso doméstico. Ese mandato se materializa en lo que hoy denominamos el pacto social minero: un compromiso compartido entre Estado, empresas y comunidades para variar la riqueza del subsuelo en bienestar visible en la superficie. Cada plan minero responsable representa una oportunidad para convertir comunidades rurales en polos de progreso, con empleos dignos, infraestructura moderna y servicios sostenibles.

El progreso minero no debe entenderse como una confrontación de intereses, sino como un entrenamiento de corresponsabilidad doméstico. No se negociación solo de extraer minerales, sino de extraer progreso, con equidad territorial y beneficios concretos para las generaciones presentes y futuras.

Una ley moderna para un nuevo ciclo

El debate sobre la nueva ley minera no es un obstáculo: es una oportunidad para desempolvar el mandato constitucional con instrumentos modernos que fortalezcan la seguridad jurídica, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia institucional. Una carta clara y predecible consolidará un clima de confianza entre Estado, empresas y comunidades, y permitirá que la minería siga siendo un eje clave del progreso doméstico.

Minería y Constitución: una misma raíz

La minería no contradice la Constitución: emerge de ella. Cuando el Estado regula con invariabilidad, las empresas actúan con propósito y las comunidades participan activamente, se cumple la esencia del texto constitucional: un progreso humano sostenible, basado en la confianza, la vigencia y la buena trámite de nuestra riqueza natural.

La República Dominicana no tiene que nominar entre progreso y medio dominio. Puede, y debe, hacerlo aceptablemente: con instituciones sólidas, reglas claras y una minería que deje huellas de progreso, no de conflicto.

El autor: Director Ejecutante, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPERD)