Por Elvin Castillo

Durante décadas, la migración fue un engendro humano comprensible, incluso necesario. Personas que se movían buscando oportunidades, estabilidad y trabajo, integrándose a nuevas sociedades y aportando con su esfuerzo al exposición de los países receptores. Hoy, sin retención, lo que vive el mundo no es migración: es desorden, desborde y fracaso institucional total.

Lo que ocurre de forma simultánea en Europa, Estados Unidos y el Caribe no puede imaginar como un hecho llano. Millones de personas desplazándose sin control, sin planificación y sin capacidad verdadero de integración, bajo el discurso simplista de los derechos humanos, está llevando a los Estados a un punto crítico. Defender fronteras, regular flujos migratorios y proteger la cohesión social no es chovinismo: es una obligación básica de cualquier nación seria.

República Dominicana es un ejemplo claro y amenazador. El país no es responsable del colapso político, financiero y social de Haití, ni puede cargar indefinidamente con sus consecuencias. Un flujo migratorio masivo, irregular y permanente pone en aventura el sistema de salubridad, la educación pública, las ayudas sociales, la seguridad ciudadana y, en última instancia, la identidad cultural dominicana. Ningún Estado puede sostener un crecimiento poblacional enmarañado sin abonar un precio detención, y ese precio siempre termina pagándolo la población más inerme.

Este mismo círculo ya se vive en Francia, España y Estados Unidos. Décadas de políticas migratorias permisivas, una aplicación selectiva de la ley y regularizaciones masivas han creado guetos, tensiones sociales, sobrecarga fiscal y un profundo malestar ciudadano. Decisiones como anunciar la regularización de cientos de miles de inmigrantes, sin una logística clara de integración y sostenibilidad, no solucionan el problema: lo multiplican.

Es necesario decirlo con claridad: los derechos humanos no pueden convertirse en un argumento para anular la soberanía de los Estados. Los países tienen el derecho y el deber de atreverse a quién reciben, bajo qué condiciones y con qué objetivos. La migración debe ser ordenada, judicial, productiva y culturalmente integrable. No puede apoyarse en sistemas de afluencia permanente ni en la imposición de costumbres ajenas al país receptor.

Paradójicamente, esta migración desbordada igualmente perjudica a los propios migrantes. Personas atrapadas en la informalidad, explotadas laboralmente, marginadas socialmente y utilizadas como piezas de un discurso político que no les ofrece soluciones reales. El maniquí flagrante no dignifica; condena.

La verdadera responsabilidad de la comunidad internacional no está en forzar a los países receptores a desobstruir sus puertas sin límites, sino en ejecutar en los países de origen. Se requiere un esfuerzo serio y coordinado: fondos internacionales, cortejo político, diplomático e incluso de seguridad, para rehacer institucionalidad, crear oportunidades y frenar la expulsión masiva de personas. Ahí es donde organismos como las Naciones Unidas han fallado de forma evidente.

Si no se actúa ahora, el resultado será doblemente devastador: países expulsores cada vez más vacíos, frágiles e inviables, y países receptores colapsados, tensionados y enfrentados internamente. Frenar la migración desbordada no es un acto de insensibilidad; es una valentía de supervivencia institucional.

El mundo necesita menos discursos complacientes y más políticas responsables. Porque lo que hoy se presenta como solidaridad mal entendida, mañana será recordado como uno de los mayores fracasos globales de nuestra época.

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