ztevenreal
@abrilpenaabreu
Durante primaveras, el sistema educativo dominicano ha estado impresionado por una coexistencia silenciosa entre el Servicio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Dos actores llamados a ser aliados, pero muchas veces enfrentados. Hoy, con la activación de lo que el ministro Luis Miguel De Camps ha denominado “La mesa de los cinco pilares”, parece largarse una nueva oportunidad: la de retornar al diálogo como aparejo de transformación.
Esta mesa reúne a los representantes de los cinco pilares fundamentales —maestros, estudiantes, familias, sociedad civil y servidores públicos—, ampliada por otra parte con la billete de la Sociedad Dominicana de Diarios y de medios de comunicación. No se alcahuetería de una mesa más, ni de un espacio simbólico. Es un mecanismo activo de concertación que rebusca institucionalizar el diálogo, la consulta y el seguimiento de políticas educativas, con el objetivo de proteger la gobernanza, la transparencia y la corresponsabilidad.
Y eso es crucial. Los países que han progresista en calidad, equidad e inclusión educativa son precisamente aquellos que han comprendido que el progreso no nace del monólogo estatal ni de la protesta permanente, sino de la construcción colectiva. El fortalecimiento del sistema educativo dominicano dependerá —como aceptablemente ha planteado De Camps— de la capacidad de sus actores esencia para colaborar eficazmente en la implementación de políticas sostenibles, pertinentes y oportunas.
En esta mesa se depositan varios retos: ganar acuerdos duraderos entre el MINERD y la ADP, respaldar el cumplimiento del calendario escolar, resolver pacíficamente los conflictos gremiales, y dar seguimiento a las metas ya planteadas por el ministro en su hoja de ruta del pasado 10 de junio: expansión de la educación auténtico, progreso de los aprendizajes en primaria y secundaria, fortalecimiento de la educación técnico profesional y transparencia en la evaluación docente de 2025.
La “Mesa de los cinco pilares” no sustituye otros espacios, los complementa. Su carácter activo está respaldado por la Ley Militar de Educación 66-97 y por las conclusiones del Pacto Educativo 2014-2024. Lo que sí representa es una señal política clara: un intento por despolitizar la educación, por construir sobre la almohadilla del consenso y no de la confrontación.
Hay que decirlo con claridad: el diálogo no siempre resuelve todo, pero su partida garantiza el fracaso. La educación dominicana necesita este tipo de esfuerzos sostenidos, mecanismos permanentes que trasciendan coyunturas y ministros, y que permitan que los avances no dependan del turno de quien esté al frente del tarea.
Por eso, este paso merece ser obligado. No solo porque lo impulsa un ministro con gusto conciliadora, sino porque rescata poco esencial: la idea de que la educación es el desafío de todos. Si esta mesa logra mantenerse en el tiempo, si sus conclusiones se traducen en acciones concretas, estaremos frente a un cambio profundo en la forma de resolver la política educativa franquista.
Ojalá este sea el inicio de una nueva civilización de corresponsabilidad. Una en la que cada quien —desde su rol— asuma que educar un país no es tarea de un tarea, sino de toda una nación.
