Santo Domingo. – Miles de personas en conflicto con la honestidad en la República Dominicana enfrentan cada día una dura ingenuidad: el detención costo de los procesos legales.
En presencia de esa situación, surge una pregunta esencia: ¿Quién defiende a los que no pueden avalar un abogado?
La respuesta está en la Oficina Franquista de Defensa Pública (ONDP)una institución autónoma creada para respaldar el derecho a la defensa técnica gratuita de toda persona que carece de medios económicos, según explicó su director, Rodolfo Valentín Santosen entrevista con El Franquista.
“La institución tiene el mandato exclusivo de representar legalmente a personas en conflicto con la ley penal, es opinar, la defensa de todas aquellas personas que hayan supuestamente cometido algún robo, homicidio, uso o tráfico de sustancias ilícitas, estafa, injusticia de confianza, entre otros, a valenza de aquellos que por cualquier causa carezcan de un abogado”, señaló Valentín Santos.
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El funcionario destacó que la ONDP ofrece servicios gratuitos, accesibles, igualitarios y de calidad en todo el comarca doméstico, conforme a la Ley núm. 277-04que creó la institución como víscera autónomo y constitucional.
Cómo se asigna un defensor divulgado
El director de la ONDP explicó que la designación de un defensor divulgado puede ser solicitada por el imputado, un abierto, el tribunal o cualquier funcionario jurídico.
“El procedimiento está regulado por el artículo 116 del Código Procesal Penal y la Instrucción Militar 05/2014 de la ONDP, los cuales garantizan la asignación inmediata de un defensor divulgado a toda persona sin abogado, protegiendo el derecho de defensa, el oportuno proceso y la dignidad humana”, explicó.
Añadió que la afluencia jurídica es continua y no concluye hasta que el favorecido salga completamente del sistema jurídico, garantizando comparsa ininterrumpido.
Altas cargas laborales y creciente demanda
Cada defensor divulgado maneja entre 400 y 500 casos en promedio, lo que refleja la ingreso demanda de servicios legales gratuitos en el país.
Según datos de la ONDP, la institución recibe unas 69 solicitudes diarias de afluencia, por otra parte de más de 430 diligencias adicionales que no ingresan formalmente al sistema.
Valentín Santos agregó que el esfuerzo humano a menudo compensa las limitaciones estructurales.
Casos prioritarios y atención sin discriminación
Entre los casos que prioriza la ONDP se incluyen prisión ilegal, traslados hospitalarios, adultos mayores con condiciones graves o adolescentes en crisis.

“Sin requisa, cada persona imputada tiene igual derecho a una defensa técnica adecuada, conforme al artículo 39 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad en presencia de la ley y el derecho a la dignidad humana. En sentido genérico, todas las asistencias reciben la misma atención profesionalsin distinción de condición social, económica o procesal”, enfatizó el director.
Remuneración y limitaciones del sistema
De acuerdo con Valentín Santos, los defensores públicos son remunerados por el Estado dominicano, representando el 88% de la retribución institucional.
“El salario de los defensores está entre el 11% de los empleados públicos mejor pagados, pero comparado con fiscales o jueces, sigue siendo insuficiente, dada la especialización, el aventura y la carga profesional que implica su bordado”, señaló.
El director reconoció que la ingreso demanda y la errata de personal generan sobrecarga profesional, lo que se traduce en ingreso rotación y fuga de talentos, a pesar de los esfuerzos por suministrar la calidad del servicio.
Limitaciones presupuestarias y debe de personal
Valentín Santos explicó que la principal dificultad de la ONDP radica en sus limitaciones presupuestarias y logísticas, ya que la anciano parte del presupuesto se destina al cuota de retribución, lo que reduce la inversión en infraestructura, tecnología y capacitación.

Igualmente persiste la errata de espacios adecuados en algunas jurisdicciones, afectando la confidencialidad y eficiencia en la atención a los usuarios.
Actualmente, la Defensa Pública cuenta con 127 defensores de carrera y 36 coordinadores, por otra parte de 170 abogados adscritoslo que suma solo 297 profesionales activos para atender a miles de ciudadanos sin medios.
Meta clara: 500 defensores públicos en todo el país
“La meta institucional es alcanzar los 500 defensores públicos de carrera a nivel doméstico”, explicó Valentín Santos, al señalar que existe un debe impreciso de 337 profesionales.
Para disminuir esa brecha, 73 aspirantes se encuentran en formación en la Escuela Franquista de la Judicatura (ENJ) y se dilación su incorporación en junio de 2026, una vez el Estado asigne los medios correspondientes.
Valentín Santos entiende que ganar esa meta significará proteger la cobertura, mejorar la eficiencia y respaldar un llegada efectivo y oportuno a la honestidad para los ciudadanos más vulnerables.






