Pese a la profunda transformación que vive la probidad dominicana, especialmente en el campo de acción penal, aún persisten escollos para ganar el descongestionamiento total de tribunales y centros penitenciarios.

Todos los actores del sistema coinciden en que la mora sumarial sigue siendo el principal obstáculo. Aunque en el Distrito Franquista y algunas provincias el problema está casi resuelto, hay otras jurisdicciones donde los tribunales presentan retrasos en la irradiación de fallos, como es el caso de Santo Domingo, incluyendo sus municipios Este, Oeste y Finalidad.

Las partes involucradas reconocen que, para eficientizar la probidad, se requiere una inversión significativa  para comprar equipos tecnológicos, contratar personal  y  construir nuevos tribunales y recintos carcelarios.

Robinson Reyes, exdefensor sabido y actualmente abogado privado, resaltó la importancia del Software de Optimización del Proceso Penal, ejecutado por el Poder Legal conexo al Empleo Manifiesto, la Oficina Franquista de la Defensa Pública y la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Sin requisa, aseguró que aún quedan muchos aspectos por mejorar.

“Uno de los mayores problemas es la mora sumarial, con la cantidad de casos pendientes en los tribunales, que muchas veces se prolongan por aplazamientos provocados, desatiendo de traslado u otras causas”, explicó Reyes.

El abogado destacó que, mientras en el Distrito Franquista la mora sumarial está prácticamente controlada, en Santo Domingo Este, Las Caobas en Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Santiago la situación sigue siendo crítica. Prórroga que la puesta en servicio de la Ciudad Legal de Santo Domingo Este contribuya a descongestionar los tribunales de esa demarcación.

Escasez de personal y presupuesto

Otro desafío importante es la desatiendo de jueces, fiscales, defensores públicos y personal oficinista. Reyes enfatiza la privación de un anciano presupuesto para que el Poder Legal pueda construir más edificaciones y contratar personal, garantizando que los casos se conozcan en un tiempo moderado.

“Espero que haya un aumento en el presupuesto del Poder Legal y del Empleo Manifiesto, que se contraten más empleados y se habiliten nuevas edificaciones judiciales”, concluyó.

Por su parte, el magistrado y experto en derecho penitenciario Rafael Báez asegura que la destrucción del sistema carcelario replica a un autoritarismo arraigado en los centros de privación de independencia, lo que ha sepultado cualquier intento de un maniquí penitenciario novedoso.

Báez  aboga por que a los reclusos  se les dé un trato con respeto a su dignidad y valía como seres humanos, tal como establecen los principios constitucionales y convenios internacionales.

Advierte incluso que los jueces deben ser más mesurados con la prisión preventiva, ya que, según él, la exageración en su imposición proviene del propio sistema sumarial, no del Empleo Manifiesto, cuyo rol es solicitar castigo.

Desafío en capacitación y aggiornamento de servidores judiciales

La jueza Yenni Cecilia Muñoz, del Botellín Judicatura de la Instrucción de Santo Domingo Este, ha sido refrendador de la cambio del software. “Lo más importante es que acerca la probidad a la sociedad. Se han escaso los plazos procesales, estandarizado los procesos y ahora contamos con un sistema de papeleo de calidad y supervisión”, afirma.

Muñoz asegura que, cuando existe voluntad institucional, articulación intersectorial y enfoque clave, es posible trocar profundamente la oficina de probidad. Según la magistrada, el software ha rematado un explicación de más o menos del 80%, gracias al esfuerzo conjunto de jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y actores sociales.

El impacto del software no se refleja solo en los despachos ni en los informes, sino en la vida de quienes participan en él: en los reclusos que ven avanzar sus casos luego de primaveras de retraso y en las víctimas que finalmente sienten que la probidad replica. La optimización del proceso penal es, en esencia, una oportunidad para devolver la dignidad y esperanza.

Cifras de una probidad que se humaniza

Entre 2019 y 2025, la capacidad de los tribunales para resolver casos se ha duplicado, con un crecimiento superior al 114%. Detrás de estos números hay jornadas de trabajo, audiencias más ágiles y una nueva civilización sumarial que reto por eficiencia y transparencia.

La implementación progresiva de herramientas tecnológicas, la alivio en la papeleo de casos, la reducción de la población penitenciaria y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional son señales claras de que el sistema de probidad penal avanza alrededor de un maniquí más ajustado, transparente y eficaz.

Según el presidente de la Suprema Corte de Probidad, Luis Henry Molina, impulsor de la iniciativa, “la probidad es un principio y una quehacer profundamente humana que norte cada obra del poder”.

El software replica a problemas estructurales del sistema, como la desatiendo de estandarización de procesos, retrasos en la atención de casos, limitada interoperabilidad entre instituciones y desaparición de controles de calidad. Su implementación contempla todas las fases del proceso penal, desde la etapa preparatoria hasta la ejecución de la pena, apoyada en un sistema de gobernanza robusto que incluye comités de seguimiento y mesas de  coordinación interinstitucional, así como alianzas con instituciones públicas y sociales.

Pleito contra la mora sumarial

El 15 de enero de 2024, se identificaron 66,500 asuntos en estado de mora a nivel franquista, registrados en el Sistema de Administración de Casos (SGC), el cual es la aparejo oficial de registro de asuntos en los tribunales desde septiembre de 2022. En ese momento, solo el 30% de los tribunales a nivel franquista estaban al día.

A partir de este dictamen, se puso en funcionamiento el Plan de Operación Tribunales al Día, con el objetivo de estrechar los tiempos de atención a los casos mediante la implementación de controles más estrictos, herramientas tecnológicas, capacitación y apoyo a distancia.

El plan incluso incluyó la revisión y adecuación del personal eficaz en los tribunales, con el fin de certificar que puedan administrar de guisa eficaz el pandeo de casos, ya sea con su propio equipo o con el apoyo remoto del Centro de Operación de Apoyo Departamental.

A julio de 2025, la población condenada en los centros bajo la Dirección Caudillo del Servicio Penitenciario y Correccional (DGSPC) se sitúa en 8,783 personas, lo que representa una disminución de 23.15% respecto a 2021. No obstante, la población preventiva ha aumentado sutilmente, pasando de 15,770 en 2021 a 16,018, evidenciando la privación de blindar acuerdos previos al proceso y otras medidas de coerción.

Entre enero y septiembre de 2025 se formalizaron 2,346 acuerdos, un aumento de 32.7% respecto al mismo período de 2024. Adicionalmente, se resolvieron 10,436 casos mediante futuro alternas, representando el 38.5% del total de casos ingresados.

El plan se plateó  en el 2024 estrechar el 100% de los asuntos en mora identificados y aumentando  el porcentaje de tribunales al día de un 30% a un 70% a nivel franquista, logrando el cumplimiento de dicha meta.

El Software de Optimización del Proceso Penal ha progresista cerca de un 80%, con casi todos los tribunales al día en cuanto a la mora sumarial, aunque todavía persisten algunas salas con retrasos. Este esfuerzo involucra a todos los actores del proceso penal, incluyendo jueces, fiscales y defensores, y se retraso que para diciembre se ámbito cero mora.

En el esquema “Mecanismos de Precipitación del Proceso Penal” entre 2022 y 2023, se incrementaron en un 185% los acuerdos, alcanzando 4,970 al cerrojo del 2024. Un plan interinstitucional implementado en 2023 culminó en un memorándum de entendimiento y una norte maña, aprobándose incluso un reglamento para la resolución no adversarial por la Suprema Corte de Probidad.

En 2024,  se llevó a lengua un plan piloto en Barahona que  mostró un aumento del 57% en la resolución de casos, extendiéndose luego a seis distritos judiciales más.

A nivel franquista, el 100% de los jueces de instrucción, fiscal y defensores fueron formados en estos mecanismos, consolidándose en septiembre de 2024 una metodología replicable para otras jurisdicciones.

Además se alcanzó un consenso franquista entre fiscales y defensores para

aplicar uniformemente los acuerdos, ampliando de 4 a 35 los tipos penales priorizados para futuro alternas.

El impacto interno  del software refleja desafíos como la civilización predominante de litigación, la tranquilidad en la respuesta de los tribunales durante las etapas del proceso, y la suscripción tasa de expedientes que llegan a proceso (70%), lo que provoca una sobrecarga en los tribunales. A nivel foráneo, en 2022, solo un 13% de los casos se resolvieron mediante métodos no adversariales, lo que resalta la privación de fomentar estas alternativas para aliviar la carga sumarial.

Humanización del sistema penitenciario

El pasado mes, la magistrada María Garabito Ramírez, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Probidad, recorrió conexo a autoridades de la DGSPC tres centros de rehabilitación femeninos: Baní, Najayo Mujeres y el Instituto para Adolescentes Femeninas en Conflicto con la Ley Penal, en el Distrito Franquista.

Durante su cita, Garabito Ramírez verificó que las internas reciban atención educativa, técnico-profesional, recreativa, terapéutica y médica, según sea necesario, e interactuó con ellas para motivarlas a visualizar un futuro positivo, con planes y metas que faciliten su reinserción en la sociedad.

La magistrada destacó la importancia de blindar los lazos familiares como parte del proceso de rehabilitación y afirmó: “La mujer es correspondiente de resiliencia permanente. Lo que a veces vemos como problemas, son oportunidades, son retos”.