patricia trabajaba en una aseguradora en República Dominicana y le gustaba su trabajo, pero tuvo que recorrer a otro país para estudiar una pericia. Ella, que es parte de las 478,300 personas con discapacidad en el país, tuvo temor de que, a su regreso, no pudiera reinsertarse en el mercado sindical, correcto a las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

Fue en el IV Congreso de Inclusión Social y Gremial, el cual se celebró en el hotel JW Marriott, en Santo Domingo, donde el defensor del pueblo, Pablo Ulloaindicó que la Constitución dominicana, en sus artículos 39 y 62, establece la protección de derechos de la población con discapacidadtales como la dignidad humana y el trabajo.

“¿De qué sirve un entorno constitucional o normativo si no se llevan a punta acciones continuamente que permitan a las personas con discapacidad tener oportunidades?”, se cuestionó al tiempo de amplificar que corresponde al Estado dominicano hacer esfuerzos para que se cumplan las cuotas de inserción sindical de ese segmento poblacional, que es de 2% en el sector privado y de 5% en el sector conocido.

En su décimo, Ulloa afirmó que el Estado debe pasar el asistencialismo para enfocarse en un real sistema de protección. Para él, el bienestar social debe construirse desde la vida comunitaria y demostrar en cinco ejes fundamentales: educación, sanidad, empleo, transporte y vivienda.

Acercamiento

De hecho, el funcionario sostuvo que la entidad que preside promueve un plan doméstico de accesibilidad en centros educativos y sanitarios. El objetivo es eliminar las barreras arquitectónicas para la población con discapacidad en todo el condado. “Eso ha implicado un motín de más de 1,000 lugares públicos para poder significar a través de la procreación de comunicaciones y seguimiento del Defensor del Pueblo que esos espacios sean accesibles”, subrayó.

Asimismo, resaltó la importancia de la descentralización, señalando que los ayuntamientos y gobernaciones son la primera puerta de entrada al Estado. Para Ulloa, un Estado eficaz debe poder resolver las deposición básicas de la ciudadanía.

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