En toda política pública perfectamente intencionada hay un punto crítico que no puede ignorarse y es su impacto verdadero sobre la parentela que la sostiene.

La entrada en vigencia de la Ley 98-25, que modifica aspectos sustanciales de la Ley 225-20 sobre Administración Integral de Residuos Sólidos, ha hendido un debate razonable que el país no debe despachar ni con consignas ambientales ni con reacciones defensivas del sector productivo.

La molestia del comercio no es un capricho. Siquiera es un rechazo a la sostenibilidad, como algunos han querido simplificar. Es, en esencia, una reacción a cómo se distribuye el costo de una política que, siendo necesaria, fue diseñada sin suficientes amortiguadores para la efectividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Conviene decirlo con claridad, el país necesita ordenar su sistema de residuos. Las calles, cañadas, ríos y mares lo reclaman. Los ayuntamientos lo padecen todos los días sin bienes suficientes. Y el maniquí contemporáneo de dirección, basado en la improvisación y el subfinanciamiento, ya no es viable. En eso no hay discusión.

El problema surge cuando el mecanismo de financiamiento, en este caso los aportes obligatorios al Fondo de Administración de Residuos, se percibe como desproporcionado y poco sensible a las diferencias reales entre los actores económicos. Cuando una mipyme siente que se le exige como si fuera una gran empresa, el conflicto es inexcusable. No por mala fe, sino por supervivencia.

Aquí es donde la política pública debe detenerse, mirar el tablero completo y corregir. La sostenibilidad ambiental no puede construirse sobre la fragilidad económica de quienes generan empleo, dinamizan barrios y sostienen la vida comercial de pueblos y ciudades. Siquiera puede descansar exclusivamente sobre el sector formal, mientras otros grandes generadores de residuos permanecen en zonas grises de fiscalización.

Desde la óptica municipal, el tema es aún más delicado. Los gobiernos locales son los primeros responsables de la dirección de residuos, pero todavía los más débiles financieramente. Una ley que aumenta recaudos sin vigorizar de forma clara y transparente las capacidades municipales corre el aventura de convertirse en una transferencia más, sin impacto visible en virginidad, reciclaje o peculio circular.
Por eso, más que confrontación, este momento exige diálogo técnico y político. Un diálogo que revise escalas, gradualidad, criterios de proporcionalidad y, sobre todo, el destino final de los bienes. El comercio necesita aprender cuánto paga, por qué paga y qué restablecimiento concreta verá en su entorno inmediato. Sin esa ecuación, la ley pierde legalidad social.

Igualmente es una oportunidad para poco más profundo y es repensar el maniquí de corresponsabilidad. No solo cobrar, sino incentivar. No solo sancionar, sino unirse. No solo prohibir, sino suministrar la transición alrededor de alternativas sostenibles reales, accesibles y económicamente viables.

La sostenibilidad no puede imponerse como castigo. Debe construirse como acuerdo. Y los acuerdos duraderos se logran cuando el Estado audición, corrige y explica; y cuando los sectores productivos entienden que el orden ambiental todavía es una inversión en competitividad y calidad de vida.

La Ley 98-25 aún está a tiempo de convertirse en una política transformadora y no en una fuente permanente de conflicto. Para eso, hace error poco simple, pero escaso, la voluntad de ajustar sin perder el objetivo.

Porque cuidar el medio concurrencia y cuidar la peculio no son causas opuestas. El definitivo batalla está en hacerlas compatibles. Y ese es, precisamente, el tipo de desafío que una democracia madura debe aprender manejar.