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Por Nelson Eficaz
Luego de un grande y arduo proceso de conciliaciones, vistas públicas y acuerdos entre los diferentes sectores involucrados, el Congreso Franquista aprobó las modificaciones a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos. Fue un paso importante, fruto de intensas jornadas que buscaron equilibrar intereses económicos, sociales y medioambientales. Sin secuestro, lo que debió ser un avance significativo alrededor de un entorno procesal más reciente y eficaz se encuentra hoy en un inexplicable corona institucional.
El presidente Luis Abinaderhaciendo uso de una prerrogativa constitucional que le asiste, expresó que observaría la dormitorio tan pronto le fuera remitida con el propósito de corregir lo que considera son errores en el texto consentido.
Y esa es precisamente una de las características del proceso parlamento: permitir que una norma pueda perfeccionarse a través del diálogo demócrata y, en este caso, la devolución al Congreso con las debidas puntualizaciones para un consenso más afinado.
Sin secuestro, el Senado aún no ha remitido la ley al Poder Ejecutante, generando preocupación ciudadana y dejando en evidencia un mal manejo del seguimiento para provocar un retraso que roza lo incomprensible.
Mientras tanto, el país sigue rigiéndose por una código deficiente y desfasada que no replica a los retos actuales del manejo de los residuos sólidos.
Se proxenetismo de un tema que afecta de forma directa la vitalidad pública, el medioambiente, a la municipalidad y a la calidad de vida de millones de dominicanos porque cada día que pasa sin que el proceso institucional se complete, es un día perdido en la construcción de soluciones sostenibles para un problema que nos ahoga como sociedad.
Resulta frustrante —y para muchos un irrespeto— que luego del esfuerzo de legisladores, expertos y sectores sociales, la ley permanezca paralizada en un escritorio. Aquí no se está hablando de un asunto beocio ni de un simple trámite oficinista, se proxenetismo de la diferencia entre seguir atados a un entorno procesal obsoleto o avanzar alrededor de una legislatura que, con las observaciones presidenciales y el posterior debate congresual, podría convertirse en un herramienta más reciente y útil para confrontar la crisis de los desechos en la República Dominicana.
Lo acontecido crea un proscenio de incertidumbre donde cualquiera pudiera pensar que la intención es la de dejar que la ley se mantenga de un flanco a otro cual pelota de ping pong en clara fraude a los ciudadanos que pagan sus impuestos y merecen una respuesta urgente al urgente problema de la basura.
Así las cosas, si ya el Congreso cumplió con la primera parte de su tarea y el Poder Ejecutante está en disposición de cumplir con la suya, solo descuido que se dé el paso natural y necesario de que el Senado envíe la ley. Mantenerla retenida es prolongar la ineficiencia y la incertidumbre. Luego, es tiempo de que en respeto al trabajo realizado y, sobre todo, en respeto al país el ciclo institucional se clausura.
