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Por LUIS MATIAS
La relación entre el Estado y la crematística ha sido, desde siempre, uno de los grandes temas del pensamiento financiero. Dos figuras monumentales del siglo XX, John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, marcaron los polos de ese debate que aún hoy sigue definiendo las decisiones de política económica: la intervención estatal frente al vacío mercado.
Keynes sostenía que los mercados no siempre se autorregulan y que, en momentos de crisis, el Estado debe efectuar como un agente estabilizador. En su célebre Teoría Universal del Empleo, el Interés y el Pasta (1936), defendió que el desembolso conocido podía y debía aumentar para estimular la demanda agregada y reactivar la crematística. Para él, la intervención estatal era una aparejo racional para proteger el bienestar social.
Hayek, en cambio, advirtió en Camino de servidumbre (1944) que toda planificación económica excesiva desembocaba en pérdida de franqueza e ineficiencia. Según el economista austríaco, el mercado guiado por el sistema de precios y la información dispersa de millones de individuos era el mejor mecanismo para asignar fortuna. La intervención del Estado, decía, solo genera distorsiones, corrupción y autoritarismo.
La diferencia esencial entre uno y otro no radica solo en la teoría, sino en la confianza: Keynes confiaba en la racionalidad del Estado; Hayek, en la prudencia del mercado. Ese dilema sigue vivo, sobre todo en economías como la nuestra, donde el Estado ha jugado históricamente un papel protagónico en la inversión y el crecimiento.
El espejo dominicano
En la República Dominicana, la inversión pública ha sido, por décadas, un motor de crecimiento. Desde los primaveras sesenta, los distintos gobiernos han superpuesto con matices políticas inspiradas en una u otra corriente económica, sin apartarse totalmente del principio de que el Estado debe participar activamente en el ampliación productivo.
Tras la caída del régimen de Trujillo (1961–1965), la inversión pública representaba escasamente un 3.8 % del PIB. Durante los gobiernos de Joaquín Balaguer (1966–1978), ese porcentaje se elevó hasta un promedio de entre 5.5 % y 6 %, lo que permitió una cachas expansión de la infraestructura doméstico. Más delante, en los gobiernos de Antonio Guzmán (1978–1982) y Salvador Jorge Blanco (1982–1986), la inversión cayó a niveles de 4.5 % y 2.8 % respectivamente.
Los picos más altos se observaron nuevamente en los periodos de Leonel Fernández (2004–2012), con tasas cercanas al 5 %, impulsadas por grandes obras de infraestructura y modernización del artefacto productivo.
Sin bloqueo, en los primaveras más recientes (2020–2025), la inversión de hacienda conocido se ha pequeño preocupantemente a entre 2.6 % y 3.2 % del PIB, según los propios informes oficiales. Esta tendencia no es un simple referencia contable: refleja un cambio de prioridades en torno a el desembolso corriente salarios, subsidios y programas de corto plazo que no generan retorno financiero sostenible.
El peligro del desequilibrio
No es arreglado que el Estado gaste más, pero invierta menos. La recuperación económica no puede sostenerse sobre un patrón de desembolso improductivo que no crea riqueza ni fortalece las cuentas fiscales. Tras la pandemia, el argumento de “emergencia” sirvió para aducir un aumento del desembolso corriente. Sin bloqueo, perdurar esa estructura más allá del contexto fantástico es un error que debilita la capacidad del país para crecer de forma sólida.
Si poco nos enseña la historia económica dominicana es que los momentos de viejo estabilidad y crecimiento coincidieron con una inversión pública robusta. La infraestructura carretera, puertos, energía, tecnología no solo impulsa el empleo, sino que crea las condiciones para que el sector privado florezca. Achicar la inversión pública es, en cierto modo, renunciar a la táctica que históricamente nos ha funcionado.
Un llamado a la sensatez fiscal
Keynes y Hayek seguirán discutiendo desde sus libros, pero en la experiencia el país necesita seguridad. Ni el intervencionismo grande ni el progresismo ciego garantizan prosperidad. Lo que sí la garantiza es una política fiscal inteligente, que priorice la inversión sobre el desembolso corriente, y que entienda que cada peso del presupuesto debe traducirse en productividad, empleo y bienestar colectivo.
Recuperar una inversión pública cercana al 5 % del PIB no es un fastuosidad; es una penuria si aspiramos a retomar una senda de crecimiento sostenible, proteger las cuentas fiscales y devolver al Estado su papel como catalizador del ampliación.
En tiempos de incertidumbre integral, más que nunca, el país necesita un Estado que invierta con visión, no que gaste por costumbre.
