Por Cugler Ergon

Imagina que vives en un edificio. Pero no elegiste al administrador ni conoces al conserje con quien compartes los pasillos. Todas las normas del condominio, desde el encendido de las luces, el funcionamiento de los ascensores, el uso de las cámaras de seguridad y la distribución del agua, están definidas por una empresa extranjera que nunca has conocido en persona. Esta empresa recopila datos sobre tus hábitos: a qué hora sales, con quién hablas en el elevador e incluso si dormiste acertadamente, basándose en el patrón de tu roce con el pomo de la puerta.

Un día, descubres que toda esta información, incluyendo datos íntimos, terminó en manos de una laboratorio que decidió comprar tu «perfil». Tus horarios, tus conversaciones, tu rutina, incluso fotos tuyas, todo fue filtrado, comercializado o utilizado en decisiones que nunca autorizaste. Un vecino te cuenta que recibió un anuncio extraño de medicamentos, basado en la información de su refrigerador inteligente. Y desde hace semanas, cualquiera en el condominio comenta que el «cálculo» predijo que no pagarías la renta del mes futuro.

Estás indignado, y con razón. Seguramente pensarías en tocar a la policía, emprender acciones legales, solicitar una unión de vecinos, exigir tus derechos. Pero carencia de eso es posible en este edificio.

El administrador del edificio vive en otro país, porque en efectividad es un supervisor que gestiona docenas de edificios a la vez mediante un «cálculo». Y, por entendimiento, la empresa que lo gestiona todo no está sujeta a las leyes locales. No puede ser citada aquí, no asiste a las reuniones y solo se comunica mediante notificaciones del chatbot de la aplicación.

Lo que podría ser un episodio más de Black Mirror no dista mucho de lo que ya ocurre en nuestras vidas gracias a los sistemas de inteligencia sintético (IA) operados por las grandes empresas tecnológicas. Ya regulan lo que vemos, lo que consumimos, lo que creemos designar. Y lo más serio es que esta regulación no la lleva a extremidad ningún organismo conocido o tolerante; se realiza de forma privada, opaca y remota.

La IA ya está regulada por quienes la controlan

Plataformas como OpenAI, Meta, Google y Microsoft toman decisiones constantemente sobre lo que sus sistemas pueden y no pueden hacer. Definen, por sí mismas, qué se considerará peligroso, inaceptable, serio o inexacto. Con saco en criterios opacos, deciden qué contenido apetencia visibilidad y cuál se ocultará, qué usos están permitidos y cuáles deben bloquearse. Estas son decisiones de gran impacto, tomadas de forma centralizada, sin ningún proceso tolerante. No se someten a consulta pública, no están sujetas a la código brasileña y no tienen en cuenta los contextos culturales, sociales y económicos de nuestro país.

Estas empresas a menudo afirman que siguen pautas éticas y que la tecnología se utiliza de forma responsable. Sin confiscación, la gobernanza auténtico de estas plataformas es limitada. Crean consejos asesores de ética y responsabilidad, pero con un poder ficticio, a menudo meramente simbólico. Publican informes de impacto, pero estos documentos son elaborados por ellos mismos, con poca transparencia en cuanto a la metodología y sin mecanismos de auditoría independientes por parte de la sociedad civil o las autoridades reguladoras locales.

Si acertadamente algunos aún asocian la regulación de la inteligencia sintético por parte del Estado con ideas como la censura, obstaculizar o lindar la innovación, lo cierto es que la IA ya está siendo regulada. Está moldeada por quienes la diseñan, quienes la financian y quienes definen sus parámetros técnicos, comerciales y éticos. En la experiencia, es como radicar en un condominio bajo leyes creadas por extranjeros, sin voz, sin voto y sin posibilidad de medio.

La regulación lícito no es suficiente; se necesita inversión en infraestructura

El entendimiento firmado entre Microsoft y el Gobierno Federal de Brasil entre el 26 de octubre de 2023 y el 31 de enero de 2025 ascendió a R$1.272.555.777,49 (unos 230 millones de dólares). Este monto se refiere solamente a lo pagado por el Poder Ejecutante, sin considerar contratos de otras entidades, el Empleo Manifiesto y otras instituciones públicas. Esta inversión se destinó, en parte, a la contratación de servicios de computación en la abundancia, una infraestructura crítica que a menudo sirve de saco para el funcionamiento de los sistemas que median en la prestación de servicios para políticas públicas. En otras palabras: si no pagamos la renta con los impuestos recaudados, las políticas públicas podrían hallarse perjudicadas, ya que servicios como el de Microsoft son los que median la posibilidad de ofrecer estas políticas públicas en el país.

Para agravar aún más la situación, el gobierno brasileño, a través de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, presentó a principios de mayo de 2025 una propuesta para eximir de impuestos a las grandes tecnológicas de la construcción de centros de datos en Brasil. Es como si, encima de acreditar el altísimo inquilinato por radicar en un edificio que no nos pertenece, todavía defendiéramos un espléndido descuento en el impuesto predial para el propietario. En la experiencia, seguimos sin tener comunicación a las llaves, sin poder de valor y, encima, beneficiando a quienes se benefician de nuestra dependencia.

Este entendimiento, entre muchos otros con grandes tecnológicas, revela la profunda dependencia tecnológica de Brasil. Estamos pagando un stop precio por tecnologías que no desarrollamos, que no controlamos y que, a menudo, no responden a nuestros intereses sociales, económicos o estratégicos. Se negociación de una relación asimétrica en la que el país actúa como un cliente pasivo, mientras que las decisiones técnicas y comerciales se siguen tomando en el extranjero.

En horizonte de este proscenio, la regulación es urgente e innegociable. Proyectos de ley como el 2630/2020que averiguación responsabilizar a las plataformas digitales, y el 2338/2023que regula el ámbito lícito de la inteligencia sintético en Brasil, son pasos secreto para establecer límites públicos y respaldar derechos mínimos en el uso de estas tecnologías. Sin confiscación, es importante destacar que esto es solo una parte del camino, no el punto final. Regular el uso de IA, mayoritariamente extranjeras, en Brasil es como monitorear lo que otros hacen en nuestro patio trasero.

Sin confiscación, lo que queremos es mucho más que eso. Queremos nuestro propio edificio, con un diseño arquitectónico basado en nuestra efectividad. Queremos un centro de datos brasileño sostenible, una inteligencia sintético brasileña y plural, ciencia y tecnología con financiación continua, centrada en nuestras evacuación y títulos. No solo IA de Estados Unidos ni de China. Lo que necesitamos es soberanía tecnológica con inversión en infraestructura, para que Brasil no sea solo un cliente o una colonia digital, sino protagonista de su propia transformación. De lo contrario, ¿cuál será el próximo ajuste de rentas?

Latinoamérica21, conexo con The Conversation Brasil, Brasil de Fato y otras plataformas aliadas impulsamos, en colaboración con la Red Franquista de Combate a la Desinformación (RNCD) de Brasil, el Ibict y el ICIE,  la difusión de contenidos que promuevan una ciudadanía más informada y crítica, para desavenir la desinformación, una amenaza creciente para la democracia, la ciencia y los derechos humanos.

Ergon Cugler es graduado y posgraduado por la Universidad de São Paulo (USP) y tiene una arte en sucursal pública y gobierno por la Fundación Getulio Vargas (FGV). Es asociado del software de posgrado de la Universidad de Barcelona. Investigador del CNPq vinculado al Laboratorio de Estudios sobre Desorden de la Información y Políticas Públicas (DesinfoPop/FGV).