La inseguridad viario en Punta Cana se ha convertido en una herida abierta que no deja de hurtar. Cada semana, los medios locales y nacionales reportan accidentes con saldo mortal, tragedias que se suman a una larga repertorio de víctimas que pudieron haberse evitado. Sin retención, las autoridades parecen resignadas a ajustarse a declaraciones y promesas que rara vez se traducen en soluciones prácticas. Y mientras la opinión pública pide a gritos la intervención urgente delante un flagelo que cobra vidas diariamente, en las calles de la zona turística continúa reinando el desorden viario.

La desidia de respuestas concretas de las autoridades convierte cada marcha en una ruleta de riesgos mortales para residentes y visitantes. A este tablas se suma el mal estado de vías tan significativas como el Paseo Turístico y la pasión en su rol fiscalizador de la Dirección Caudillo de Seguridad y Tránsito Terreno (Digesett), lo que revalida la percepción de que la seguridad viario de Punta Cana no está en el centro de las prioridades de las autoridades gubernamentales.

En contraste, el Camarilla Puntacana avanza en la construcción de un elevado en el cruce de los Manantiales, una obra financiada con capital privados que debería servir de ejemplo al Gobierno. Si un sector empresarial entiende la exigencia de estas intervenciones, ¿por qué las autoridades no logran contestar con la misma determinación? Punta Cana es la principal vitrina del turismo dominicano. Permitir que las carreteras sigan siendo espacios de muertes y lesiones afecta la vida de residentes y trabajadores y empaña la imagen internacional del destino.

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