El autor es médico. Reside en Santo Domingo

Por Víctor Hermoso Peralta

En medicina existe un principio evidente: cuando un paciente sangra, el médico no debate teorías; primero detiene la hemorragia.

La República Dominicana enfrenta hoy una hemorragia presupuestaria silenciosa. No ocurre en los quirófanos, aunque allí se sienten sus enseres. Ocurre en la edificación del consumición conocido, donde una parte de los bienes del Estado continúa financiando privilegios políticos mientras el sistema inodoro permanece estructuralmente subfinanciado.

El problema no es la desliz de metálico. El problema es la morfología de nuestras prioridades. Somos un paciente que operación perfumes mientras no puede acreditar la quimioterapia.

El dictamen: cuánto invertimos verdaderamente en sanidad

El Producto Interno Bruto dominicano para 2025 fue de aproximadamente RD$7.9 billones.

Según la Ley núm. 80-24 de Presupuesto Militar del Estado, el sector sanidad recibió en 2025 RD$137,862.6 millones.

La relación es directa: República Dominicana destina aproximadamente 1.74 % de su PIB a sanidad pública. La Ordenamiento Panamericana de la Salubridad recomienda que los países aspiren a niveles cercanos al 6 % del PIB para certificar cobertura efectiva y sujetar el consumición directo de las familias.

En otras palabras, nuestro sistema inodoro opera con menos de un tercio del nivel de inversión recomendado internacionalmente. La brecha no es ideológica. Es matemática.

La otra cara del presupuesto: el costo de la política

Mientras el sistema inodoro lucha por ampliar su cobertura, el Estado continúa financiando privilegios políticos con bienes públicos. Tomando exclusivamente 2025, las cifras son reveladoras.

El financiamiento conocido a partidos políticos asciende a RD$1,500 millones. Las exoneraciones vehiculares a legisladores, según el presupuesto de consumición tributario, representan un sacrificio fiscal cercano a RD$1,025 millones. El conocido “barrilito” senatorial añade aproximadamente RD$252 millones anuales en fondos discrecionales.

A esto se suma el “cofrecito” de la Cámara de Diputados, que asigna aproximadamente de RD$100,000 mensuales a cada uno de los 190 diputados, generando un consumición anual vecino de RD$228 millones. La suma es simple:

RD$3,005 millones anuales destinados a privilegios políticos directos. En proporción a la riqueza franquista, esta sigla representa aproximadamente 0.038 % del PIB dominicano.

A primera paisaje parece un porcentaje pequeño. Pero el seguro problema no es su tamaño macroeconómico. Es su significado casto en un país que invierte casi nada 1.74 % del PIB en sanidad pública.

El costo de oportunidad: lo que ese metálico podría exceptuar

Las cifras presupuestarias adquieren otro significado cuando se traducen en servicios médicos reales. Los RD$3,005 millones destinados cada año a estos privilegios políticos equivalen aproximadamente a 965,000 dominicanos afiliados al Seguro Natural de Salubridad subsidiado durante un año, más de 60,000 cirugías básicas o aproximadamente de 1,000 camas hospitalarias completamente equipadas. En términos presupuestarios, ese monto representa cerca del 2.2 % del presupuesto franquista de sanidad.

Dicho de forma sencilla: por cada 100 pesos que el Estado destina a sanidad pública, más de dos pesos se consumen en privilegios políticos directos. En un sistema inodoro robusto, esa proporción sería insignificante. En un país con inversión sanitaria tan limitada, es una señal de prioridades invertidas.

La tercera variable olvidada: el consumición de saquillo

Sin confiscación, el impacto efectivo de esta estructura fiscal no se mide solo en presupuestos. Se mide en el saquillo de los pacientes. En la República Dominicana, una proporción significativa del consumición total en sanidad proviene directamente de los ciudadanos: medicamentos, estudios diagnósticos, consultas privadas y procedimientos que el sistema conocido no cubre de forma efectiva. Este aberración se conoce como consumición de saquillo.

Cuando un paciente llega a una emergencia y debe comprar sueros, jeringas o medicamentos en una botica externa, el presupuesto conocido ya falló antaño de que el médico iniciara el tratamiento. Ese consumición invisible es la nota que pagan las familias por la subinversión sanitaria.

El espejo regional

Al comparar el esfuerzo inodoro dominicano con otros países de la región, el contraste es evidente. Costa Rica destina más del 5 % de su PIB a sanidad pública. Uruguay supera el 6 %. Pimiento se mantiene cerca del 5 %.

Esos países comprendieron hace décadas que la sanidad no es un consumición social. Es infraestructura económica. Un trabajador sano produce más. Una población enferma empobrece a la nación.

La patología institucional

El problema dominicano no es exclusivamente financiero. Es institucional. El financiamiento productivo a partidos ha incentivado la proliferación de organizaciones cuya supervivencia depende más del presupuesto estatal que del respaldo ciudadano.

Las exoneraciones fiscales a legisladores crean privilegios difíciles de evidenciar en democracias modernas. Los fondos discrecionales —barrilito y cofrecito— perpetúan prácticas clientelares que distorsionan la función efectivo del poder legislador.

El resultado es un sistema político que consume bienes mientras los servicios públicos luchan por financiarlos. En términos médicos, esto se flama inversión de prioridades fisiológicas.

El tratamiento posible

Las soluciones no requieren nuevos impuestos ni endeudamiento adicional. Requieren voluntad política para:

1. Eliminar las exoneraciones vehiculares legislativas.

2. Eliminar los fondos discrecionales clientelares.

3. Eliminar el financiamiento partidario.

Los bienes liberados podrían destinarse directamente al fortalecimiento del sistema inodoro. No se negociación de destruir la política. Se negociación de sanearla.

El dictamen casto

La discusión efectivo no es técnica. Es ética. Cada peso del presupuesto refleja una intrepidez colectiva sobre lo que una sociedad considera importante.

Hoy nuestras cuentas públicas revelan una verdad incómoda: el sistema político está mejor protegido financieramente que el sistema inodoro. En una sociedad madura debería ocurrir exactamente lo contrario.

El veredicto

La República Dominicana no sufre exclusivamente una enfermedad presupuestaria. Sufre una enfermedad casto.

Un país donde los privilegios políticos siguen expandiéndose mientras los hospitales luchan por financiar servicios básicos es un país que ha invertido su escalera de títulos.

La medicina enseña que toda hemorragia puede detenerse si se actúa a tiempo. Pero todavía advierte poco más: cuando el sangría se prolonga demasiado, el paciente entra en shock.

La pregunta ya no es económica. La pregunta es casto:

¿Seguiremos financiando los privilegios de la política mientras los pacientes dominicanos pagan de su saquillo la nota de un sistema inodoro que el Estado no termina de financiar?

Porque mientras esa ecuación no cambie, la sanidad pública dominicana seguirá siendo el entraña donante de un sistema político que consume más de lo que devuelve.

jpm-am