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@Abrilpenaabreu
La Falta de Cabral, además conocida como Falta Rincón, es uno de los humedales más importantes de República Dominicana. Alimentó durante décadas a comunidades pesqueras, sostuvo la biodiversidad del suroeste y fue orgullo natural de Barahona. Hoy, sin confiscación, agoniza. Y no por un designio de la naturaleza, sino por decisiones humanas, por omisiones institucionales y por un maniquí de avance que privilegia el beneficio privado frente al admisiblemente popular.
El Servicio de Medio Esfera y Fortuna Naturales ha señalado al Consorcio Azucarero Central (CAC) como principal responsable de la merma de agua, al usar casi en su totalidad el canal de Trujillo —única vía de entrada del caudal que la omisión necesita para sobrevivir. “Esta situación limita el ingreso de caudales ecológicos necesarios para la supervivencia del ecosistema”, reconoció el propio empleo.
Pero el problema no se reduce a una empresa. Si ese canal es un admisiblemente estatal, ¿quién permitió que se usufructuara de forma casi monopolio? La respuesta es incómoda: el Estado dominicano. A través de instituciones como el Indrhi, encargado del sistema de riego Yaque del Sur–Barahona, se ha normalizado que el agua sea priorizada para la caña de azúcar y los cultivos, dejando en segundo plano la omisión. No se negociación solo de la voracidad empresarial, sino de la afición regulatoria y la complicidad política.
Los informes técnicos advierten que la degradación de la omisión no es nueva: construcción de canales de riego, deforestación, agricultura intensiva y alteraciones del caño Trujillo son factores acumulados. Pero lo presente es más bajo: hoy se exige a la omisión sobrevivir sin el caudal ecológico leve que le corresponde. El resultado está a la clarividencia: embarcaciones varadas sobre suelo seco, pescadores sin sustento, deterioro visible en las orillas, comunidades empobrecidas.
En estas condiciones, el debate sobre “de quién es la pecado” es ineludible. El Consorcio Azucarero Central carga con la responsabilidad de un uso intensivo que amenaza un ecosistema vivo. El Estado carga con la pecado política y casto de haberlo permitido sin asegurar compensaciones ambientales ni fiscalización efectiva. Uno y otro, en conjunto, son responsables de un crimen ecológico que no admite más excusas.
La Falta de Cabral no está muriendo sola: la estamos matando. La pregunta es si como sociedad aceptaremos su defunción en silencio, o si tendremos la valentía de exigir que lo que es de todos no se convierta en propiedad de unos pocos.
