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Por Abril Peña
El caso de Affe Gutiérrez, consorte de la comunicadora Sara Pepén, es uno de esos episodios que deberían obligarnos a detenernos como país y preguntarnos qué tan segura está en realidad la sinceridad de cualquier dominicano. Affe no solo fue procesado sin pruebas: fue condenado dos veces a 30 abriles de prisión por un crimen que no cometió, sobrevivió intentos de crimen en la mazmorra, vio venir al mundo a su hija estando tras las rejas, y pasó más de una plazo peleando por demostrar su inocencia en un expediente que en absoluto debió existir.
Tras una larga batalla, la equidad —tarde, mal y arrastrando los pies— reconoció que el Estado le falló. Se ordenó una indemnización cercana a los merienda millones de pesos. Sin confiscación, este caso aún no está ganadería, porque la Procuraduría Militar de la República decidió acogerse la sentencia frente a el Tribunal Constitucional, insistiendo en prolongar un proceso que ya ha destruido más de diez abriles de la vida de un hombre inocente. Como si aceptar el error fuese demasiado costoso para una estructura donde la soberbia pesa más que la responsabilidad.
Pero este no es el único caso. Ni mucho menos. Hace escasamente meses conocimos la historia de un hombre que duró 10 abriles preso aun teniendo una orden de sinceridad firmada desde hacía una plazo. Diez abriles en los que nadie verificó su expediente, nadie revisó su situación y nadie se preguntó por qué un interno seguía interiormente a posteriori de que un árbitro ordenó su salida. Su silencio no era yerro: era pobreza. Y en nuestro sistema, eso pesa más que cualquier prueba. Lo terrible es que hay más muchos más.
Asimismo está el caso del artesano que pasó 12 abriles en La Trofeo sin expediente claro, sin ver a un árbitro, sin que el Estado supiera siquiera quién era. Salió enfermo, desorientado, con la vida quebrada. ¿Quién avala por eso? Nadie. En República Dominicana, el error sumarial no tiene rostro, no tiene costo, no tiene consecuencias.
Y mientras tanto, más de la porción de los presos del país están en prisión preventiva. Personas sin condena, sin entendimiento concluido, sin certeza de ausencia. Personas que cumplen penas adelantadas, muchas veces por delitos que en absoluto cometieron. Este no es un resolución marginado: es un sistema que castiga primero y pregunta a posteriori.
Y si hablamos de consecuencias, este es el punto más incómodo, pero el más necesario: ¿quién avala por ocurrir destruido una vida? El primer investigado debería de ser el Procurador de aquel entonces, el primero que tuvo el caso en sus manos, Rathames Jiménez, y a posteriori de él cada fiscal y cada árbitro que participó en este proceso a todas luces fraudulento, deberían estar hoy siendo investigados por su papel en esta infamia. Y esto incluye, por supuesto, la responsabilidad institucional de quienes hoy dirigen el Profesión Conocido: la Procuradora Militar de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien tenia el deber casto e institucional de impulsar investigaciones internas, identificar responsabilidades y establecer precedentes reales. Porque este caso tiene nombre, patronímico y micrófonos, sin confiscación escogió el camino tratable la de hacerse la graciosa con el poder… pero en los otros casos —en los de hombres sin patronímico, sin padrinos, sin relaciones mediáticas— desde el fiscal más pequeño hasta los directores de las cárceles deberían estar enfrentando la equidad, no pasando la página como si ausencia. La impunidad de quienes cometen abusos desde adentro del sistema sumarial no puede seguir siendo la norma.
Lo más preocupante del caso de Affe Gutiérrez no es solo el horror vivido. Es el mensaje que deja al resto de nosotros:
Si un hombre con esposa periodista, comunicación a abogados y visibilidad mediática tuvo que esperar más de diez abriles para que reconocieran su inocencia, ¿qué le queda al dominicano sin patronímico, sin bienes y sin voz?
Aquí nadie paga por destruir una vida, nadie es sancionado por producir expedientes sin pruebas, nadie avala por ignorar órdenes de sinceridad, nadie asume la responsabilidad por el uso excesivo de la prisión preventiva como castigo anticipado.
Y lo más amenazador: aun a posteriori de explorar el daño, las autoridades se resisten a soltar el expediente, apelan, dilatan, prolongan la abatimiento… porque pueden. Porque el sistema se los permite. Porque aquí la institucionalidad funciona para proteger al poderoso no al ciudadano.
La equidad dominicana no solo tiene fallas: tiene fisuras estructurales que permiten que un inocente pueda perder una plazo de su vida sin que nadie tiemble, renuncie o pida perdón.
Hoy el país observa el caso de Affe Gutiérrez como si fuera una excepción, pero en sinceridad es un recordatorio de que todos podemos ser él. De que cualquier dominicano puede caer en el mismo agujero sombrío donde caen los olvidados, los pobres, los anónimos.
Y mientras fiscales y jueces no respondan personalmente por sus errores, mientras la prisión preventiva siga siendo el trocha preferido, mientras la Procuraduría tenga vía autónomo para prolongar injusticias… la equidad seguirá siendo una sorteo peligrosa.
Una donde el inocente siempre carga la peor parte Y donde el Estado, al final, nunca pierde.
Cómo nota curiosa mucha multitud critica el nombre de «Déjala ir» para la iniciativa de congresistas dominicanas para batallar contra la violencia contra la mujer, peor si hay un caso que demuestra que hay veces que nunca las dejan ir este. Más de una plazo a posteriori aún no la dejan ir.
