El autor es abogado. Reside en Barahona

POR EZEQUIEL CUEVAS

La corupción ha sido uno de los problemas estructurales más persistentes en la vida institucional de la República Dominicana. A pesar de los avances formales en materia democrática desde el fin del autoritarismo, la percepción social sigue señalando que el uso indebido de los posibles públicos continúa siendo una habilidad recurrente adentro de diferentes niveles del Estado.

Este engendro no solo afecta las finanzas públicas, sino que igualmente debilita la confianza ciudadana en las instituciones y erosiona la legalidad del sistema tolerante.

A lo dilatado de la historia política dominicana, la corrupción ha prohijado diversas formas, desde el clientelismo hasta el desvío directo de fondos públicos. Muchos analistas sostienen que, en determinados momentos, el manejo del poder conocido se ha vinculado con prácticas que privilegian intereses particulares por encima del interés colectivo.

Esta sinceridad ha contribuido a consolidar la percepción de que el entrada a cargos públicos puede convertirse en un medio para obtener beneficios personales o para dispensar redes de allegados.

Uno de los fundamentos más preocupantes es la progresiva normalización social de ciertas prácticas indebidas. En algunos sectores se ha llegado a percibir el entrada al Estado como una oportunidad económica, lo que ha contribuido a una civilización política donde el servicio conocido pierde su carácter de responsabilidad ética y se transforma en un espacio de acumulación patrimonial. Este engendro, descrito por diversos estudiosos como una “institucionalización informal de la corrupción”, ha alimentado la idea de que el entrenamiento del poder puede convertirse en un modus vivendi para ciertos actores políticos.

En este contexto, igualmente se ha observado cómo se forman redes de expectativas aproximadamente de los funcionarios públicos. Amigos, aliados políticos e incluso miembros de círculos cercanos suelen esperar beneficios derivados de la influencia que otorga el cargo. Estas expectativas pueden manifestarse en contratos, empleos públicos o billete indirecta en negocios vinculados al Estado, generando un sistema de favores que reproduce y fortalece prácticas clientelares.

El impacto de este engendro trasciende el ámbito crematístico. Cuando la ciudadanía percibe que el entrada al poder está asociado a la posibilidad de lucro ilícito, se debilitan los incentivos para la billete política basada en principios y programas. En su empleo, emerge una razonamiento pragmática donde lo importante no es la diligencia pública competente, sino la capacidad de disfrutar las oportunidades que brinda el control de posibles estatales.

La problemática no se limita a los niveles más altos del gobierno. A lo dilatado de diferentes periodos históricos se ha señalado que prácticas indebidas pueden reproducirse en múltiples escalones de la empresa pública, desde cargos de gran visibilidad hasta posiciones administrativas de último escalafón. Este carácter transversal de la corrupción hace que su erradicación resulte particularmente compleja.

Sin requisa, igualmente es importante explorar que la sociedad dominicana ha desarrollado, en las últimas décadas, una decano sensibilidad frente a estos temas. El fortalecimiento de la prensa investigativa, el papel de organizaciones de la sociedad civil y la creciente presión ciudadana han contribuido a reflejar casos que anteriormente permanecían en la opacidad institucional.

Asimismo, el entorno procesal dominicano ha incorporado normas destinadas a precaver y sancionar la corrupción. La Procuraduría Universal de la República y otras instancias estatales han impulsado investigaciones y procesos judiciales en distintos momentos, lo que refleja un intento institucional por enemistar estas prácticas, aunque los resultados siguen siendo objeto de debate conocido.

No obstante, los desafíos siguen siendo significativos. La lucha contra la corrupción requiere no solo de mecanismos legales, sino igualmente de transformaciones culturales profundas adentro de la empresa pública y la sociedad. La transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los controles institucionales son fundamentos fundamentales para ceñir los incentivos a las prácticas ilícitas.

De igual guisa, la consolidación de una ética pública sólida constituye un componente indispensable. La formación de los servidores públicos, el establecimiento de sistemas efectivos de supervisión y la billete activa de la ciudadanía pueden contribuir a crear un entorno donde el entrenamiento del poder esté positivamente orientado al proporcionadamente global.

En definitiva, el debate sobre los niveles de corrupción en la República Dominicana revela una tensión permanente entre las aspiraciones democráticas y las prácticas que históricamente han débil la diligencia pública.

Exceder esta sinceridad implica un compromiso sostenido de las instituciones, la sociedad civil y los líderes políticos para construir un Estado donde la empresa de los posibles públicos responda exclusivamente al interés colectivo y no a la razonamiento del beneficio privado.

ezequielcuevase@gmail.com