Por Luisana Lora Perelló

Hay debates que se entienden mejor remotamente del ruido y más cerca de la efectividad. La discusión entre la República Dominicana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre políticas migratorias es uno de ellos. Porque aquí no solo se discute migración; se discute carga, corresponsabilidad y silencio internacional.

República Dominicana comparte frontera con un Estado colapsado. Haití no atraviesa una crisis coyuntural, sino una fractura estructural de abriles marcada por violencia de pandillas, malogrado institucional y colapso de servicios básicos. Ese contexto empuja a miles de personas a cruzar la frontera buscando sobrevivir, no simplemente mejores oportunidades.

El Estado dominicano defiende su derecho soberano a regular la migración y proteger la sostenibilidad de sus servicios públicos. La CIDH, por su parte, recuerda que ninguna política migratoria puede desligarse de los estándares de derechos humanos. Ambas afirmaciones son válidas en su esencia; el choque ocurre en la ejecución.

Las cifras ayudan a dimensionar el aberración. Según la Dirección Militar de Migración, en 2025 fueron deportados 379,553 extranjeros en condición migratoria irregular, un pandeo que refleja la magnitud del flujo. En el sistema de salubridad, datos oficiales situaban en 12.4% la proporción de pacientes haitianos en hospitalizaciones generales durante 2024. El impacto resulta aún más visible en el campo de acción materna, donde el 36% de los nacimientos correspondían a parturientas haitianas. Tras la aplicación de nuevos protocolos migratorios, las autoridades reportan reducciones significativas.

Estos números no criminalizan a nadie; describen presión sobre servicios públicos de un país con medios limitados. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿puede un solo Estado cargar indefinidamente con las consecuencias humanas y económicas del colapso de su vecino?

Durante décadas, República Dominicana ha absorbido el impacto de la crisis haitiana en hospitales, escuelas y mercado sindical, mientras la comunidad internacional ha sido más consistente en diagnósticos que en soluciones. Se producen informes, pero las transformaciones estructurales en Haití siguen pendientes.

Ausencia de esto exonera al Estado dominicano de respetar los derechos humanos. La dignidad humana no es negociable. Pero además es cierto que la migración haitiana alrededor de República Dominicana no es un aberración accidental, sino el señal visible de un fracaso regional.

El peligro de una novelística incompleta es convertir a República Dominicana en el centro de la crítica mientras el origen del problema permanece fuera del foco. Regular la migración es un derecho soberano. Hacerlo con humanidad es una obligación. Contraponer solo una crisis regional, en cambio, es una carga desproporcionada.

La crisis haitiana no se resolverá en la frontera dominicana. Pretenderlo es tan irreal como injusto. Tal vez el debate debería dejar de mirar sólo qué hace República Dominicana y originarse a preguntar qué está dejando de hacer el resto del continente.

Porque cuando un problema es compartido, pero la respuesta no lo es, la presión no desaparece: se acumula. Y las facturas acumuladas, tarde o temprano, pasan cuenta.

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