Con el plan de reforma del Código Profesional en discusión en el Congreso, vuelve a colocarse en la memorándum pública el debate sobre la exterminio del auxilio de cesantía o la inclusión de un tope que, según algunos sectores, permitiría disminuir los supuestos obstáculos al exposición del sector productivo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Sin confiscación, he sostenido que no existen evidencias empíricas que demuestren que la cesantía constituya la principal barrera para el plan, la formalización o el crecimiento productivo en el país.

Se suele afirmar que la cesantía provoca la abertura de empresas, sobre todo de microempresas. Sin confiscación, la Sondeo Franquista de Mipymes del Porción Central (2022-2023) muestra que las principales barreras que enfrentan estas empresas son, en orden de importancia: la situación económica derivada de la pandemia (68%), los altos gastos en servicios y combustibles (54%), la inseguridad pública (48%), los elevados costos de insumos y materias primas (45%) y la desidia de crédito (32%). En lo burócrata, los obstáculos identificados fueron: suscripción de impuestos (21%), servicio eléctrico (16%), procedimientos en presencia de la TSS (9%) e internet (9%). La cesantía no figura entre los factores más determinantes.

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En el ranking de competitividad industrial fabricado por Despradel y Asociados para la AIRD, los costos laborales aparecen entre la posición 6 y 12, por detrás de otros factores como: costos de materias primas, bajo nivel de actividad económica, competencia desleal e importada, carga tributaria, costo y suministro de energía, tipo de cambio y calidad de los medios humanos.

En la fuero, el auxilio de cesantía se paga sólo cuando el empleador ejerce el desahucio (Art. 80 del Código de Trabajo). Adicionalmente, con la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el empleador queda libertino de este suscripción si el trabajador accede a una pensión por vejez, discapacidad o sobrevivencia.

Según la Sondeo Franquista Continua de Fuerza de Trabajo (2024), solo el 33% de los trabajadores cesantes estaban sujetos al auxilio de cesantía (24% por despido y 9% por clausura de empresa). La mayoría salió por renuncia (40%) o por razones de vitalidad, familiares, estudios, entre otros (18%).

En ALC, RD está entre los países con menores costos laborales. Un estudio del BID, publicado en 2017 bajo el título Medición del costo del trabajo asalariado en ALC, ubicó al país en la última posición: mientras que el costo gremial promedio de la región equivalía al 39% de la productividad, en nuestro caso representaba un 18%.

El auxilio de cesantía cumple una función secreto: suavizar la caída de ingresos de los hogares cuando el principal proveedor pierde su empleo. Fue concebido como sustituto parcial de un seguro de desempleo, inexistente en nuestro sistema de seguridad social. La Ley 87-01 (Art. 50, párr. II) establecía un plazo de 18 meses para que el CNSS creara dicho seguro. Sin confiscación, han sido los empleadores quienes se han resistido a financiarlo con cotizaciones adicionales. Paradójicamente, les resulta más filántropo sostener el auxilio contemporáneo, pues solo una tercera parte de los trabajadores accede a él.

Otros países ofrecen modelos alternativos. En Colombia, ejemplo, la cesantía opera como un economía obligatorio equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, a cargo del empleador. Estos medios son administrados por fondos —públicos o privados— de vacuo dilema del trabajador, y pueden destinarse a la transacción de vivienda, suscripción de estudios o suplir ingresos durante el desempleo. Lo esencial es que pertenecen siempre al trabajador, sin importar si su salida ocurre por despido o por renuncia.

La reforma del Código de Trabajo debe orientarse a robustecer la protección y los derechos de los trabajadores, en consonancia con la Constitución y convenios internacionales. Más que debilitar el auxilio de cesantía, el cierto pelea está en crear mecanismos modernos —seguro de desempleo— que equilibren la competitividad empresarial con la seguridad de los hogares.