El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR ROMMEL SANTOS DIAZ

El fundamento de la Manifiesto de la  Paz y Cese de Guerras  (DPCW) lo constituye  la Carta de las Naciones Unidas desde sus preámbulos  hasta el final de su contenido. En ese orden en la DPCW -por sus siglas en inglés- se establece que los propósitos  y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otros  instrumentos  internacionales, incluyendo la  Manifiesto Universal de los  Derechos Humanos,  deben  ser  respetados  y  protegidos  por los Estados.

En distinto, se  expresa la preocupación  de la Manifiesto de la  Paz y Cese de Guerras (DPCW) en  el  entorno de la Carta de Naciones Unidas  la aspiración a sostener la paz y la seguridad  para dejar a las generaciones futuras  una herencia  que se califican de invaluable de un mundo emancipado de guerras.

Otra cuestión esencial  en uno y otro textos  internacionales, es la reafirmación  de la fe en los derechos humanos  fundamentales, en la dignidad y  el valía del ser humano , en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres , en  la promoción del progreso  social y la alivio  de los estándares  de vida  para la gentío  y las futuras generaciones, y la  escazes de favorecer la coexistencia  pacífica  entre las religiones , las creencias  y las etnias del mundo.

Tanto la Manifiesto de la  Paz y Cese de Guerras como  la Carta de las Naciones Unidas  plantean la prohibición de la amenaza  o el uso de la fuerza indicando que  los Estados  deben reafirmar  solemnemente que se abstienen del uso de la fuerza  bajo cualquier circunstancia , excepto  cuando lo permita  el derecho internacional y  de ese modo deben condenar  la embestida  puesto  que se proxenetismo  de un crimen internacional.

Un aspecto  de relevante coincidencia  de la Manifiesto de la  Paz y Cese de Guerras (DPCW)  con la Carta de las Naciones Unidas  es el relativo a que los Estados en sus relaciones internacionales deben sustraerse de la amenaza  o el uso de la fuerza  marcial contra la dignidad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

En una interpretación deducción de los expertos  redactores de la Manifiesto de la  Paz y Cese de Guerras (DPCW) se observa  el mandato de que los Estados deben prohibir  cualquier acto o amenaza  de violencia, sin importar los motivos  o los propósitos, que ocurra para el ampliación de una actividad criminal individual o colectiva.

En la Manifiesto de la  Paz  y Cese de Guerras  se destaca la importancia  de la Resolución  de la Asamblea Normal  de las Naciones Unidas  2625 (XXV),  en la que se enfatiza  que los Estados deben fomentar  relaciones amistosas basadas en el respeto en torno a el principio de la igualdad de derechos y de la emancipado determinación de los pueblos y debe tomar medidas apropiadas  para proteger  la paz universal.

En materia de convenios  internacionales  la Manifiesto de la Paz y Cese de Guerras  se complementa con la Carta de las Naciones Unidas  en la investigación de violaciones  del derecho internacional, en particular , violaciones graves  de los Convenios de Ginebra  y sus Protocolos  Adicionales, y deben  tomar medidas  para reforzar que los Estados , ciudadanos y corporaciones  no contribuyan a la comisión de violaciones  del derecho internacional.

En  esta importante  Resolución  de las Naciones Unidas  y en la Manifiesto de la Paz y Cese de Guerras  se hace un llamado a los Estados a condenar y criminalizar en su carta interna la planificación, preparación, inicio o ejecución  de un acto de embestida  por parte de alguna persona  en  posición efectiva  para cultivar el control  o dirigir la actividad política o marcial de un Estado , la cual por su carácter, importancia  y escalera constituye una violación manifiesta del derecho internacional, lo que equivale a un crimen de embestida.

Finalmente, la Manifiesto de la Paz  y Cese de Guerras  y la Carta de las Naciones Unidas  son instrumentos de significativa contribución a la paz y la seguridad internacionales  con una vigencia  de primer orden  en el presente siglo XXI, sobre todo  por  promover  la democracia internacional, la protección y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.

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