Por Ramón A. Rodríguez Veras
Normal ®️ de la Policía Doméstico, reconocido en Seguridad Pública y Suspensión Mando policial en la Institución de Ciencias Policiales de Carabineros de Pimiento, Ciencias Políticas y Administración Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Pimiento y es Titulado en Empresa de Empresas

En la República Dominicana, los accidentes de tránsito han dejado de ser un simple problema de movilidad para convertirse en una tragedia doméstico de dimensiones humanas, económicas e institucionales. Durante primaveras, el país ha figurado entre los peores desempeños del mundo en mortalidad viario. En la serie del Bandada Mundial con datos de la OMS para 2019, República Dominicana aparece con 64.6 muertes por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas registradas internacionalmente; muy por encima de lo deseable para una sociedad que aspira a modernizarse.

Estas cifras, sin requisa, no deben leerse solo como un cantidad estadístico. Detrás de cada número hay una clan rota, un hogar empobrecido, una principio que no duerme, un hijo que no vuelve, una productividad perdida y una presión silenciosa sobre hospitales, ambulancias, policías, fiscales, tribunales y presupuestos públicos. En 2024, según datos citados del Observatorio Permanente de Seguridad Viario, el país registró 3,114 muertes por siniestros viales, equivalentes a unas ocho muertes diarias; encima, una parte importante de esas víctimas correspondió a jóvenes entre 15 y 29 primaveras, es afirmar, población en plena años productiva.

Lo más intranquilizante es que esta tragedia no parece replicar al azar, sino a una estructura de aventura conocida y repetida. La OMS identifica entre los factores decisivos de mortalidad viario el exceso de velocidad, el trinque al conducir, el uso insuficiente del casco en motocicletas, el incumplimiento del cinturón de seguridad y la pasión en la protección de ocupantes y peatones. En el caso dominicano, a ello se suma lo que el Bandada Mundial ha descrito como una infraestructura viario insegura y una condición urgente de intervenciones en corredores de detención aventura.

Es afirmar, no estamos en presencia de un problema misterioso; sabemos congruo admisiblemente qué mata y asimismo sabemos congruo admisiblemente qué podría redimir vidas.

Entre todos los factores, uno sobresale con crudeza: la motocicleta. La propia OPS ha ducho que en República Dominicana aproximadamente dos tercios de las víctimas del tránsito son usuarios de motocicletas, en su mayoría hombres jóvenes. El INTRANT asimismo ha señalado que los motociclistas representan más del 65 % de los fallecidos por siniestros viales cada año. Esta sinceridad no solo retrata una forma de transporte masiva y económicamente accesible; asimismo revela un vano profundo de formalización, supervisión y civilización de seguridad.

Esa informalidad se vuelve aún más preocupante cuando se revisa el tema de las licencias. El OPSEVI reporta 2,082,522 licencias vigentes registradas hasta 2024, mientras los datos abiertos del INTRANT muestran una brecha persistente entre el tamaño del parque vehicular y la formalización de los conductores. En motocicletas, la desproporción es todavía más inquietante: reportes basados en información del INTRANT señalaron a inicios de 2026 que al punto que 10,827 personas tenían atrevimiento vivo de motocicleta, frente a varios millones de motocicletas registradas. Esa comparación no permite afirmar mecánicamente que todos circulan sin atrevimiento, pero sí evidencia una descompostura estructural del sistema de facultad, control y cumplimiento.

El costo de esta crisis siquiera es indefinido. El propio Plan Clave Doméstico de Seguridad Viario de la República Dominicana estimó que el costo social de las muertes anuales por accidentes de tránsito equivale a 2.21 % del PIB, sin incluir plenamente el peso de la discapacidad total o parcial que dejan miles de lesionados. La OPS reiteró en 2025 que estas pérdidas afectan especialmente a la población económicamente activa y elevan la pobreza. A escalera completo, la OMS advierte que los traumatismos por tránsito suelen costar a los países más o menos de 3 % del PIB. Detrás de esos porcentajes están los gastos del sistema de emergencia, vigor, rehabilitación, pensiones, papeleo policial, congestión, litigios, daños a infraestructura y pérdida de productividad.

Frente a este panorama, sería un error tratar el problema solo como una suma de imprudencias individuales. Sí, hay conductas temerarias, consumo de trinque, velocidad excesiva y desprecio por las normas. Pero asimismo hay una responsabilidad estatal ineludible: vías mal diseñadas, fiscalización insuficiente, educación viario débil, aplicación irregular de sanciones, escaso control sobre motociclistas y una débil interoperabilidad de datos entre instituciones. Por eso resulta tan importante que el Gobierno haya resuelto el Pacto Doméstico por la Seguridad Viario, con la meta de dominar en 50 % la mortalidad para 2030 y con pedantería en decano fiscalización e interoperabilidad de los sistemas de información. El valencia del pacto, sin requisa, no estará en su firma, sino en su ejecución sostenida.

La República Dominicana necesita acaecer de la reacción a la prevención. Eso implica controles reales y permanentes de velocidad y trinque, exigencia estricta del casco certificado, depuración efectiva del sistema de licencias, rediseño de puntos críticos en carreteras y zonas urbanas, educación viario obligatoria desde la escuela, mejor respuesta postaccidente y un régimen de consecuencias que de verdad disuada. Todavía exige una valor política más profunda: dejar de ver la homicidio en carretera como un hecho habitual y entablar a tratarla como lo que efectivamente es, una emergencia de vigor pública y de gobernanza. La evidencia internacional muestra que las reducciones sostenidas son posibles cuando se aplica un enfoque de “sistema seguro” y no se descarga toda la infracción sobre el legatario final.

Una nación no solo se mide por sus autopistas, sus puentes o el tamaño de su parque vehicular. Todavía se mide por el valencia que le da a la vida humana en el espacio notorio. Cada muerto por tránsito que pudo evitarse es un fracaso colectivo: de la autoridad que no fiscalizó, de la vía que no protegió, del sistema que no educó y de la civilización que normalizó el aventura. Si República Dominicana quiere ser un país más flamante, más competitivo y más encajado, debe entablar por poco simple: avalar que moverse no sea una sentencia de homicidio.

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