La Policía Doméstico Dominicana, creada en 1936, nació bajo la sombra de la intervención norteamericana y con un propósito que no ha variado demasiado desde entonces: certificar el control social a cualquier costo. Aquella Policía fungió como La 42, que fue el benefactor criminal del régimen Trujillo, luego se convirtió en La Lado Colorá de Balaguer creada —con apoyo o tolerancia del propio Estado— para perseguir, torturar y asesinar a opositores políticos, especialmente militantes de izquierda, sindicalistas y estudiantes que criticaban el régimen.

Luego, la policía se convirtió más en herramienta del generalato y el coronelato para hacer efectivo utilizando a la población como sujeto, que en un cuerpo policial de represión política; pero que al igual que en todas sus versiones no es una institución formada para proteger ciudadanos, sino para someterlos.

Han pasado casi 90 primaveras desde su fundación, y pese a los discursos de modernización, la Policía Doméstico sigue siendo un organismo de represión, ejecución y corrupción. Su método preferido para ocultar los abusos —y reciclar los vínculos con el crimen organizado— ha sido siempre el mismo: los mal llamados “intercambios de disparos”.

Esa ejercicio, que el cuerpo policial intenta presentar como enfrentamientos fortuitos, no es más que un mecanismo de exterminio selectivo: una forma de eliminar a delincuentes que ya no resultan avíos o que comienzan a gestar más ruido que beneficios. Así han caído figuras conocidas como Cacón, Kiko la Calcinación y tantos otros cuyos lazos con la Policía eran tan fuertes que vivos provocarían una catarsis a lo interno y forastero de la entidad.

El fresco caso de La Barranquita, en Santiago, es la confirmación de que, pese a los millones invertidos en la reforma, la policía sigue contaminada por agentes sicarios, amparados en un sistema que los protege mientras sirven de engranaje a redes criminales y estructuras de poder crematístico interiormente de la propia institución. Lo que allí ocurrió, según periodistas que siguen el tema y expertos en la materia, no fue una operación fallida contra delincuentes, sino un tumbe fracasado —una operación que salió mal— en la que participaron merienda policías que, de forma irregular, se desplazaron al motivo sin informar a su comandancia.

Las versiones oficiales, desde un primer momento, intentaron achicar el hecho a un “intercambio de disparos”, pero los detalles revelan poco más profundo: la permanencia de una civilización institucional donde los uniformes son escasamente una frente para el crimen organizado policial. Una civilización donde quienes deberían perseguir la delincuencia terminan compitiendo con ella, donde el percusor es la vía más sencillo para borrar testigos incómodos y donde la impunidad es el definitivo reglamento.

La emplazamiento reforma policial ha sido, hasta ahora, un proceso más estético que estructural.

Se cambian los uniformes, se reescriben los manuales, se anuncian comisiones, pero no se desmontan los intereses internos que alimentan la corrupción, ni se transforman los incentivos que empujan a muchos agentes a delinquir.

Estado: Petro; ¡estúpido Altruista!

¿De qué sirve susurrar de “nueva policía” cuando los mismos mecanismos de asesinato selectiva siguen operando con la aprobación del silencio institucional?

La Barranquita no es un hecho marginado. Es parte de un patrón. Un patrón de ejecuciones extrajudiciales que se repite en barrios, comunidades marginadas de todo el país. Solo en los primeros seis meses de 2025, en una nación de 11 millones de habitantes, se reportaron 170 jóvenes ejecutados por la Policía Doméstico en supuestos enfrentamientos.

Y extrañamente, luego de ejecutar a los 5 jóvenes de la Barranquita, los gatillos se silenciaron por 9 días, como si se tratara de un escarmiento por tener sido descubiertos en la desacierto a plena luz del día.

Para dimensionar esa signo, baste mirar en dirección a Estados Unidos, un país de más de 330 millones de habitantes, donde incluso con la pena de asesinato legalizada en varios estados, el número de ejecuciones formales en todo un año no supera las 25. En República Dominicana, en cambio, donde no existe tal figura penal, se ha instaurado una pena de asesinato informal, aplicada sin razón, sin ley y sin remordimiento.

Lo ocurrido en La Barranquita no solo desnuda el fracaso de la reforma policial: igualmente evidencia que seguimos gobernados por un sistema que premia la violencia institucional, legitima la impunidad y sostiene, desde el Estado, una maquinaria de asesinato que solo desvive a los delincuentes de poca monta, pues no hay intercambios de disparos ni para los corruptos ni los ladrones de cuello blanco.

Siempre que su aplicación sirva para dar visos de «combatir la delincuencia» y preservar los secretos de la relación policía-delincuente, el intercambio de disparo será la mejor opción de los uniformados. Más que reforma, la policía necesita rendir cuentas.