ztevenreal
@Abrilpenaabreu
El flamante crimen de “Chuki”, uno de los imputados en el atentado contra David Ortiz, vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la razón dominicana. Condenado a diez abriles de prisión, obtuvo arbitrio condicional sin cumplir siquiera la parte de la pena. ¿Cómo es posible que cualquiera que participó en la planificación de un atentado de esa magnitud haya sido considerado “apto” para reintegrarse a la sociedad?
El caso no es ocasional. Una y otra vez vemos delincuentes que, tras obtener beneficios por “buena conducta”, reinciden en crímenes atroces o terminan cayendo abatidos en enfrentamientos. La directorio de querellas y fichas de muchos de ellos podría guatar un tomo, pero aun así se convierten en beneficiarios de un sistema que parece premiar la burocracia más que proteger a las víctimas.
La figura de la arbitrio condicional no es negativa en sí misma: se comercio de un mecanismo pensado para motivar la reinserción social. El problema es que en la República Dominicana se aplica de guisa ligera, sin evaluaciones psicológicas profundas, sin exploración de aventura verdadero y sin considerar la reserva del delito. En la destreza, se otorgan beneficios penitenciarios como si fueran automáticos, incluso a individuos cuya peligrosidad es evidente.
El Poder Sumarial tiene una deuda de explicación con la sociedad: ¿qué sentenciador otorgó esa arbitrio?, ¿cuáles fueron los criterios aplicados?, ¿cuántos más están en sus casas disfrutando de beneficios similares mientras las víctimas y la ciudadanía creen que cumplen sus condenas? La mando de San Cristóbal, donde con frecuencia surgen resoluciones polémicas, vuelve a estar en el ojo del huracán.
Cada caso como este erosiona la confianza en las instituciones. Un país donde los delincuentes peligrosos cumplen condenas “de mentira” y las víctimas sienten que el sistema las abandona, es un país en aventura de perder lo más valioso: la fe en la razón.
