Por Lucía Dammert y Santiago Rodríguez-Solórzano

América Latina y el Caribe enfrenta una paradoja inquietante: mientras los países buscan avanzar en sus metas de progreso, el crimen organizado se afianza como una amenaza estructural y persistente al bienestar colectivo.

Las organizaciones criminales han expandido su influencia social y política, gestionando mercados ilícitos cada vez más diversificados. Actividades como la minería ilegal, la manejo de personas y la perturbación les han permitido ampliar su control sobre instituciones, territorios y comunidades enteras.

El impacto sobre el progreso humano de la región es profundo. Allí donde el Estado no logra consolidarse, las redes criminales llenan el hueco ofreciendo una forma alternativa, y a menudo violenta, de gobernanza. Tal como advierte el Documentación Regional sobre Crecimiento Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del progreso del PNUD, esta forma de control no solo reproduce desigualdades, sino que asimismo socava los fundamentos mismos de la cohesión social y la democracia.

Gobernanza criminal y comunidades atrapadas

El crimen organizado no es un actor oculto que opera en los márgenes, sino un poder que se entrelaza con estructuras sociales, económicas y políticas. En barrios periféricos de Río de Janeiro o en zonas rurales de Colombia, grupos criminales proveen seguridad, aplican «ecuanimidad», reparten alimentos o financian obras comunitarias y carreras políticas. En muchos casos, esto no sería posible sin la complicidad de autoridades locales o la desesperación de una ciudadanía desatendida por el Estado.

Esta «gobernanza criminal», como la denominan algunos investigadores, no intenta sustituir al Estado, sino coexistir con él, negociando favores y estableciendo zonas de influencia. Se manejo de un maniquí híbrido que combina violencia, corrupción y servicios, y que tiene posesiones devastadores sobre el progreso humano. Cuando las personas deben acreditar por protección, obedecer reglas impuestas por bandas armadas, o radicar bajo amenazas constantes, la idea misma de derechos queda suspendida.

Un ejemplo extremo es el de Haití, donde casi el 80 % de la hacienda, Puerto Príncipe, está controlada por bandas que reemplazan al Estado en funciones básicas. Estas estructuras no solo extorsionan a la población, sino que utilizan la violencia sexual como armas de desavenencia y desplazan a cientos de miles de personas. En otros contextos menos agudos, la ciudad de Rosario se ha convertido en el epicentro de la violencia en Argentina, con una tasa de homicidios que en 2022 alcanzó un récord histórico de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El crecimiento del microtráfico ha fragmentado los liderazgos criminales y ha derivado en una violencia caótica que afecta a las comunidades más pobres.

Obstáculos para el progreso: violencia, informalidad y limitación

El crimen organizado no opera en el hueco. Se nutre de entornos marcados por la pobreza, la informalidad, la corrupción institucional y la limitación social. En esos escenarios, las oportunidades formales y legales son escasas, y los mercados ilegales aparecen como la vía vivo y alcanzable para la reproducción de ingresos.

En países como Perú o Brasil, la minería ilegal no solo destruye ecosistemas y desplaza comunidades indígenas, asimismo captura fortuna que podrían invertirse en vitalidad, educación o infraestructura. En el caso de la manejo de personas, los criminales encuentran en la migración forzada un negocio rentable basado en la explotación sexual y profesional de mujeres, niñas y niños. Y en ciudades de Centroamérica, pequeños comercios, escuelas y hasta hospitales deben acreditar «renta» para poder negociar sin represalias.

Asimismo, países que durante abriles fueron considerados modelos de estabilidad y seguridad en la región, como Uruguay, Pimiento o Costa Rica, ya no están exentos de los impactos del crimen organizado. En estas sociedades, el crecimiento de los homicidios, la penetración del narcotráfico y la consolidación de mercados ilegales están erosionando esa percepción de excepcionalidad. La fragmentación de bandas, el aumento de la violencia en zonas urbanas y la presión sobre los sistemas penitenciarios muestran que la amenaza ya no se limita a los países tradicionalmente asociados con altos niveles de criminalidad.

La criminalidad organizada vulnera así el derecho a una vida digna, a la educación, a la vitalidad y a la independencia y el círculo se completa con la impunidad. Si los operadores judiciales y policiales son cooptados o intimidados, si las instituciones no protegen a las víctimas ni castigan a los victimarios, la criminalidad se perpetúa. Y con ella, se profundiza la desconfianza en la democracia.

¿Qué hacer frente a un enemigo tan difícil?

Combatir al crimen organizado en América Latina exige mucho más que operativos policiales o leyes más duras. Requiere una transformación profunda de la inspección y de las políticas públicas. Este engendro no se limita al tráfico de drogas: se manejo de un ecosistema criminal que opera en múltiples mercados ilícitos, que infiltra instituciones, captura territorios y, sobre todo, erosiona las condiciones básicas para el progreso humano. Y por eso, las respuestas deben estar a la cumbre de su complejidad.

En primer extensión, es urgente desatender las soluciones lineales y colocar por un enfoque integral. Durante décadas, los gobiernos de la región han concentrado esfuerzos y presupuestos en la lucha contra las drogas, dejando en la sombra otras economías ilegales igualmente destructivas: la manejo de personas, la minería ilegal, el contrabando o el tráfico de armas. Estas actividades no solo generan enormes beneficios para las organizaciones criminales, sino que asimismo devastan comunidades, destruyen ecosistemas y refuerzan redes de corrupción. Ampliar el foco y proceder de forma coordinada sobre estos frentes es un primer paso esencial.

Pero no baste con identificar los delitos: hay que entender su método territorial. Las dinámicas del crimen no son iguales en el finalidad de Colombia que en una favela de Brasil o en un arrabal periférico de Rosario. En algunos casos, se manejo de estructuras jerárquicas que ejercen control total; en otros, de redes fragmentadas que se disputan calle por calle. Por eso, las estrategias de respuesta deben construirse desde lo lugar, con diagnósticos precisos y políticas diferenciadas según las condiciones del zona.

Asimismo es fundamental recuperar la presencia del Estado en los lugares donde ha sido desplazado. Y esto no significa nada más alentar la presencia policial. Significa sobrellevar servicios públicos, construir escuelas, certificar paso a vitalidad, ecuanimidad y oportunidades reales. Allí donde el crimen organiza la vida cotidiana, el Estado debe reaparecer como una alternativa legítima, eficaz y cercana. Sin ecuanimidad confiable, empleo digno ni enfoque de mercancías, cualquier organización será incompleta.

Finalmente, ningún país puede enredar solo un problema que desborda fronteras. Las redes criminales son transnacionales, y la respuesta debe serlo asimismo. Compartir información, coordinar estrategias regionales, arreglar legislaciones y alentar la cooperación jurídico son pasos imprescindibles para cortar los hilos que conectan estos entramados criminales en todo el continente.

Un desafío colectivo y urgente

El crimen organizado no es un problema sólo de seguridad: es un problema de progreso y de gobernanza. Afecta la finanzas, erosiona la democracia y condena a millones a radicar bajo miedo o dependencia. Enfrentarlo requiere voluntad política, capacidad institucional y una inspección regional que reconozca las múltiples caras del engendro.

La organización de capturar líderes criminales e incautar cargamentos no es suficiente. La verdadera lucha pasa por recuperar los territorios, blindar el tejido social y devolver a la ciudadanía la esperanza de que otro maniquí de vida es posible. Uno donde los derechos no dependan de un pacto con el crimen, sino del compromiso vivo del Estado y la sociedad con el progreso humano.

Este artículo se cimiento en el Documentación Regional sobre Crecimiento Humano 2025 del Software de las Naciones Unidas para el Crecimiento (PNUD) en América Latina y el Caribe, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del progreso”.

Presas de Lucía es profesora titular en la Universidad de Santiago de Pimiento y destacada experta en temas de seguridad, violencia urbana, crimen organizado y políticas públicas en América Latina.

Santiago Rodríguez-Solórzano es Asesor en Crematística Política para PNUD América Latina y el Caribe.